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domingo | 10.08.2008 Actualizado: 03:56
El 70% de los beneficiados participaron en hechos penales
Sistema de arresto domiciliario con pulseras
Por NESTOR LLIDO
El 70 por ciento de los condenados o procesados con prisión preventiva que han accedido al beneficio del arresto domiciliario, siendo monitoreados con pulseras o tobilleras magnéticas, cometieron o se encuentran acusados de haber participado en delitos calificados penalmente como "graves", tales como homicidios, robos agravados, violaciones o abusos sexuales y secuestros extorsivos. De acuerdo al relevamiento sobre las 284 libertades vigiladas que se encuentran en vigencia en la provincia de Buenos Aires, los jueces más proclives a otorgar este sistema de morigeración actúan en los tribunales de San Martín, La Matanza y Quilmes.
El informe, elaborado por la asociación civil Madres del Dolor, también hace hincapié en hechos significativos, a partir de la polémica que se originó al conocerse que el principal acusado del cuádruple crimen de los integrantes de la familia Mansilla, cuyos cadáveres fueron encontrados en descampados de la ciudad de Campana, se encontraba bajo arresto domiciliario, el que violó, pese al presunto control que las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense debían ejercer sobre este sujeto. En tal sentido, destacaron que "los otorgamientos equivocados" derivan en graves consecuencias, pidieron un "blanqueo" del sistema y cargaron contra aquellos magistrados que se apoyan en "una mal llamada corriente garantista, que sólo lleva a la impunidad".
De las 284 pulseras magnéticas, sólo 88 de ellas están en posesión de hombres (las mujeres que acceden al beneficio son minoría) sentenciados o imputados en casos denominados "leves", como portación o tenencia de arma de guerra, robos, abusos sexuales, tentativa de homicidio o hurto, extorsiones, asociación ilícita o lesiones. Si bien, la estadística oficial sostiene que el método de control cuenta con cierta eficiencia, ya que apenas el 7 por ciento de los favorecidos se han fugado y la mayoría fue recapturado, a más de una década de ponerse en vigencia, ha recibido innumerables críticas desde todos los sectores.
Uno de los puntos cuestionados reside en la lista de espera que existe entre condenados o procesados, a los que los jueces intervinientes en las causas determinan que pueden entrar al registro de morigeración de prisión con arrestos domiciliarios. La forma en que se accede a la tobillera o pulsera magnética también genera sospechas, por aquello que para la justicia argentina algunos son "más iguales que otros" según clase social o nivel económico, y durante la semana, Viviam Perrone, titular de Madres del Dolor, denunció que un magistrado exigió 10 mil dólares de coima a la mujer de un preso para concederle el beneficio.
Casos significativos
De los 196 condenados o procesados por causas graves que se encuentran con esta situación algo flexible de libertad vigilada, más de la mitad corresponden a sujetos que estuvieron involucrados en casos significativos, que, en su momento, tuvieron importante repercusión pública y que luego, pocos se enteran que lograron salir para seguir cumpliendo la pena o a la espera del juicio. Y a casi el 90 por ciento de ellos fueron abordados por juzgado de garantías o tribunales orales de los departamentos judiciales de San Martín, La Matanza y Quilmes.
Algunos de los datos relevantes que aporte este relevamiento, basado en cifras obtenidas del Centro de Protección a la Víctima del Ministerio de Seguridad provincial y el Servicio Penitenciario Bonaerense, señalan que de las 10 pulseras magnéticas entregadas por el Tribunal Oral Criminal Nº 3 de Quilmes se refieren a delitos graves; de las 19 otorgadas por el Juzgado de Garantías Nº 3 de San Martín, seis corresponden a casos de homicidios y una a un episodio de violación y de las 18 dispuestas por el Juzgado de Garantías Nº 3 de La Matanza, cuatro de ellas están vinculadas a hechos de asesinatos.
El 61 por ciento de los beneficiados con arrestos domiciliarios con sistema de rastreo en hechos "graves" son de implicados en robos agravados y/o calificados y el 22 por ciento a condenados o acusados de homicidios. El resto se divide en 13 hechos de violación o abuso sexual, 10 de asociación ilícita, tres de privación ilegítima de la libertad, tres de secuestros extorsivos, uno de promoción y facilitación de prostitución de menores. El restante a tormento seguido de muerte, beneficiando a la ex policía Marta Oviedo Salazar sentenciada a prisión perpetua por el crimen a la joven Andrea Viera, cometido en el interior de la comisaría 1ª de Florencio Varela.
En tanto, de los 88 que obtuvieron esta polémica medida por verse involucrados en delitos, considerados "leves" por el Código Penal, la mayoría de ellos corresponden a portación/tenencia de arma de guerra (19 casos), robos varios (16), tentativa de homicidio (11), tentativa de robo (11) y abusos sexuales (10). Los otros 31 pertenecen a condenados o procesados con prisión preventiva por delitos de asociación ilícita, extorsión, coacción, lesiones, tentativa de hurto, apremios ilegales, daños, defraudaciones, estafa, exacción y falsificación.
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