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lunes | 22.09.2008
Más de la mitad de las condenas son para adolescentes y jóvenes
Preocupa el aumento de la cantidad de chicos y jóvenes atrapados por el delito, la exclusión y la falta de educación
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"La generación menor a los 16 años es mucho peor, más violenta”. El sombrío panorama fue sentenciado por un juez bonaerense del fuero juvenil, y se apoya en estadísticas contundentes: durante el año pasado, el 52% de las condenas globales del país tuvieron como protagonistas a “adolescentes” de entre 16 y 25 años. En el medio, altos índices de deserción escolar, consumo descontrolado de sustancias tóxicas, grupos familiares desintegrados, ausencia de políticas de contención y una enorme dosis de violencia social.
Los datos surgen del trabajo estadístico elaborado por el Registro Nacional de Reincidencia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, cuyos recientes resultados sostienen que más de la mitad de las sentencias judiciales registradas durante el ejercicio 2007 tienen a chicos y jóvenes condenados, con el adicional de que el nivel de reincidencia delictiva alcanza un 23% del total.
En rigor, la cifra exacta asciende al 52,29% de las condenas, y genera preocupación que los picos máximos ocurren en la franja de “chicos” de 18 y 19 años. En ese sentido, las sentencias para personas de 18 años de edad fueron 1.325 durante el año pasado (9,77%), y resultaron 1.055 para los condenados de 19 años (7,78%). A este escenario deberían sumarse las 86 condenas a menores de 16 y 17 años.
El magistrado consultado, que trabaja en la zona oeste del conurbano y pidió reserva de identidad, explicó que “estamos en una situación crítica, porque el fuero juvenil no tiene capacidad de reacción, no hay recursos suficientes y los jueces somos testigos de cómo se derrumban miles de pibes sin poder hacer nada”, agregando que “cada vez hay más causas con chiquitos de 9 o 10 años que salen a robar, y el Estado no reacciona, no ejecuta planes efectivos para contenerlos o modificar ese rumbo tóxico, por lo que el paso de los institutos, la calle o sus grupos familiares desintegrados hacia la cárcel adulta es natural, casi obligado”.
Acerca del tema, Rosendo Fraga, titular del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, sostiene que “el 88% de los menores que entran a institutos de menores lo hacen porque están en situación de abandono. Sólo el 12 % entra a estos lugares por participar en delitos, pero la realidad es que el 60% sale y delinque”. Sobre esto último, hay una explicación, conocida pero lamentablemente ignorada.
Con crudeza, los motivos se pueden apreciar en un informe de la Comisión contra la Tortura de la Provincia de Buenos Aires, que gira precisamente alrededor de los institutos que en teoría deben cumplir un rol educativo y de contención para el adolescente, pero que terminan operando como escuelas del delito. “La protección de los niños pobres se ha caracterizado por la completa segregación inactiva, ya que se hallan encerrados todo el día en celdas, sin muebles, sin colchones, sin elementos educativos, culturales o recreativos, sin elementos personales, sin luz artificial ni natural”, afirma el trabajo.
“Los chicos son parte de un régimen ritual militarizado -continúa el texto-, y al abrirse la puerta de la celda, los internos se ponen de pie mirando la pared, con las manos en la espalda hasta que reciben la orden de darse vuelta; sumado a las constantes intrusiones degradantes, como requisa de las celdas en horas de la madrugada; o restricciones al acceso a los sanitarios existentes (poseen recipientes confeccionados con bidones plásticos para orinar en las celdas)”. De acuerdo al informe, “es prácticamente nula la visita de los familiares de los chicos y las restricciones a la comunicación con los mismos; y el maltrato sistemático por parte de los asistentes de minoridad encargados del cuidado, entre otros”.
Sin escuela y solos
Al intentar avanzar sobre lo motivos del creciente acercamiento de los chicos y jóvenes al delito, la falta de escolarización juega un papel notable para los expertos. “La pobreza, la exclusión y la escasa capacidad de las escuelas para contener son las causas principales de la deserción escolar”, según la organización UNICEF, agregando que en el país “hay medio millón de chicos de entre 12 y 17 años sin escuela, y la mayoría proviene de los extractos más pobres de la sociedad y parece condenada a perpetuar el círculo de la pobreza”. Un dato: apenas un tercio de los adolescentes llega al último año del secundario.
En este esquema, resalta la opinión de las investigadoras sociales Claudia Krmpotic (CONICET) e Ivonne Allen (Universidad La Matanza), para quienes “el desempleo en jóvenes sin paso por el sistema educativo formal es resuelto a través de un trabajo duro y sucio que suele darse en las calles o en espacios escasamente protegidos”, puntualizando que “la vida que llevan los acerca al delito y a una vivencia de la muerte que les es bastante familiar y cotidiana. Asimismo, resultan víctimas de malos tratos, abuso sexual y diversas formas de sometimiento”.
Para el sociólogo Gabriel Kessler, en tanto, “existe un desdibujamiento generalizado del concepto de ley como marco normativo para muchos de los jóvenes y en todas las dimensiones estudiadas, no solo en la escuela. Ella no es, por supuesto, ni la responsable ni tampoco la que puede sola restaurar un marco de ley en un sentido amplio. Ni la familia, ni las comunidades barriales, ni el mundo del trabajo pueden hoy resolver por sí solos los conflictos que se desarrollan tanto en su interior como en otros ámbitos que de un modo u otro los afectan. Ahora bien, cierto es que la escuela sola no puede, pero debe buscar aliados a fin de restablecer sentido y futuro para una parte importante de los jóvenes de nuestro país”.
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