ASUNCION, Paraguay.- Los principales partidos políticos de Paraguay anunciaron ayer que la elección del sustituto del asesinado vicepresidente Luis María Argaña se realizará en agosto del 2000.

"Queremos la realización de las elecciones para el mes de agosto del año próximo y también firmaremos una carta de compromiso de los partidos políticos para no tener nuevas postergaciones", dijo el presidente del Partido Febrerista, Carlos María Ljubetich.
Argaña fue asesinado a balazos el 23 de marzo en una calle de Asunción, un atentado callejero que desató una crisis que, cinco días después, culminó con la renuncia del presidente Raúl Cubas.
El ex presidente, que se asiló en Brasil, y su aliado político, el ex general golpista Lino Oviedo, quien se asiló en Argentina, fueron acusados como autores intelectuales del asesinato de Argaña y de ocho personas, durante las manifestaciones populares de protesta por el asesinato.
Uno de los principales colaboradores de Argaña, el senador Luis González Macchi, integró luego un gobierno de coalición con las principales fuerzas de la oposición y seguirá en el poder hasta el 2003, fecha en que expira el período para el que se eligió originalmente a Cubas.
Ljubetich agregó que hoy, los líderes de los partidos Colorado, Liberal, Encuentro Nacional y Febrerista, que integran un gobierno de coalición, firmarán un acuerdo sobre la fecha de los comicios en la sede del tribunal electoral.
"La fecha definitiva de las elecciones la va a fijar el tribunal, pero nuestro pedido es que sea en el mes de agosto del año próximo", añadió Ljubetich, afirmando que "no debería haber problemas para que así sea".
En junio, el Tribunal Superior de Justicia Electoral dijo que la elección del vicepresidente se debía realizar el 6 de febrero del 2000, pero tiene la potestad de cambiarla.
El anuncio del llamado a elecciones coincide con un ambicioso plan de reformas de libre mercado, que incluye privatizaciones y que sería lanzado lo antes posible, según un documento dado a conocer días atrás por la agencia informativa Reuters.
La propuesta fue condensada en un documento de 40 páginas que será presentado oficialmente en las próximas semanas.
"El propósito del documento consiste en proponer un conjunto de políticas y medidas de carácter económico-social para contribuir con la reactivación económica y el alivio de la pobreza en el Paraguay", dice la introducción del plan.
Cada agrupación política y cada organismo del gobierno aportó un grupo de técnicos para la elaboración del programa.
El plan propone, entre otros objetivos, establecer marcos legales para abrir todas las empresas públicas a la inversión privada, formulando sistemas de regulación de las entidades privatizadas antes de fin de año.
En el esquema de privatizaciones (cuya modalidad no será única) se planea vender todo o parte de la electrificadora Ande, la Industria Nacional del Cemento, la proveedora de agua potable Corposana, la telefónica Antelco y la petrolera Petropar, antes del 2001.
El documento establece también la reforma de la seguridad social pública, de la banca manejada por el estado y la flexibilización de condiciones laborales para el empleo público y privado, antes del 2001.
Finalmente, entre las principales reformas el gobierno se propone crear el impuesto a la renta personal, reestructurar el aparato fiscal, la administración financiera del estado y establecer una política de endeudamiento público en dos años.
Se trata "primeramente de no hacer una privatización a tontas y a locas... y sí una reforma que resulte beneficiosa para el país", dijo a periodistas el presidente del Banco Central del Paraguay, Washington Ashwell.
Sin embargo, el documento fue criticado por economistas y sindicatos de trabajadores. "Es muy bello el programa, muy optimista... pero creo que no se puede presentar, por ejemplo, un programa de privatizaciones sin haber hecho una serie de estudios sobre la situación de las instituciones", dijo a periodistas el analista económico Pablo Herken.
"El costo social de la no reforma es mucho más alto", replicó en cambio el economista Dionisio Borda. "Los organismos multilaterales están negando recursos si no se hace esta reforma, que también desea el sector privado para poder invertir".
El sector más radicalmente opuesto a algunos de los postulados del plan de reforma está formado por una docena de los principales gremios de trabajadores de empresas públicas.
"Nos oponemos en particular al plan de privatizaciones y de flexibilización laboral", dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la electrificadora Ande, Roberto Colmán.
"Las cinco empresas que quieren rematar son altamente rentables, así que no hay motivo para venderlas", agregó. Los gremios planean efectuar una huelga general de funcionarios el 5 de agosto, exigiendo la revisión de los criterios de privatización establecidos en el plan.