Nuevas visitas realizadas por EL DIA al enorme basural que crece en una cantera a las puertas de La Plata, han permitido constatar que nada ha cambiado respecto de la imagen de impotencia demostrada por la Municipalidad para neutralizar el peligro que significa su existencia como foco de contaminación, y que, por el contrario, hay quienes siguen teniéndolo como centro de actividades que derivan en un constante agravamiento de la situación. Como se ha explicado no hace mucho y se ha consignado en amplias y detalladas notas, se trata de la cava de una cantera teóricamente fuera de explotación, por encontrarse al margen de las pautas fijadas por la legislación pertinente de la Comuna, que ha sido tomada como reservorio de desperdicios de todo tipo por infractores que vuelcan en ella toneladas de desechos, presumiblemente para ahorrarse el gasto de hacerlo en el Ceamse, en los terrenos habilitados para ese fin. De hecho, la peligrosidad de la violación es aún mayor, ya que, según se advierte en la última información al respecto, se ha comprobado la existencia entre los elementos allí arrojados, de residuos patogénicos, como jeringas y cartuchos de suero y otros provenientes de algún establecimiento sanitario.
La total imposibilidad de la Comuna de hacer respetar sus decisiones queda doblemente de manifiesto ante el hecho de que, además de las transgresiones relacionadas con el vuelco de desperdicios, también se estén cumpliendo allí labores de extracción de tierra, a pesar de que esa tarea no solo está prohibida, sino que ha sido vedada expresamente a los propietarios del lugar por las autoridades municipales competentes.
Todo esto ocurre prácticamente a la vista de los representantes municipales, que sólo se limitan a labrar actas de infracción en forma reiterada y manifiestamente inconducente, ya que la verdadera finalidad, que es la de evitar el acto lesivo y no la de cobrar alguna multa, está lejos de cumplirse, ya que los violadores siguen, impertérritos, realizando las actividades prohibidas.
Por una u otra razón, los elementos que los funcionarios comunales tienen en sus manos para hacer respetar sus órdenes, carecen de efecto. Puede que el monto de las multas sea demasiado bajo y que los transgresores prefieran seguir desobedeciendo sencillamente porque les resulta más barato que disponer de otra forma de los desechos o dejar de extraer tierra, según el caso. O que el sistema de cobro de las penalidades sea lo suficientemente moroso y poco eficaz como para que los infractores confíen en que, de todas maneras, no van a pagarlas. De una u otra manera, la experiencia demuestra que todo el sistema debe ser revisado, porque los hechos están cantando que no sirve para nada y que tanto quienes usan el lugar como basural, como quienes siguen realizando extracciones vedadas o, por fin, los mismos propietarios de la cava, que han sido intimados a impedir esas actividades y no lo hacen, se ríen virtualmente de las advertencias de los inspectores y otros funcionarios que actúan en el caso.
Pero además de revisar las normas y buscar la forma de otorgar mayores facultades represivas a los representantes municipales -como intenta el concejal, presidente de la comisión de Ecología, por medio de un proyecto-, es necesario que se recurra a modos más efectivos e inmediatos de restricción, suficientemente fuertes como para evitar que todo esto continúe indefinidamente, en detrimento de la provisión de agua a la población y de la higiene de la zona. El razonamiento más elemental acerca del funcionamiento de un órgano estatal con funciones de policía permite concluir que, si carece de fuerza para imponer sus decisiones, es lo mismo que si no existiera. La norma habitual es que, cuando un organismo se encuentra en este brete, lo que debe hacer es recurrir al uso de la fuerza pública, particularmente cuando en el hecho están involucrados bienes como la salud de la población, lo que ocurre en este caso. Los funcionarios municipales han aseverado haber hecho una denuncia ante la Justicia y requerido apoyo policial, ciertamente con una larga demora, ya que el proceso viene desarrollándose hace demasiado tiempo. Es de esperar que la demanda sea atendida con la diligencia que el caso requiere y que de una vez por todas se ponga fin a una situación que constituye una abierta negación a la autoridad de la Comuna y un flagrante desconocimiento del interés público.