El adelanto del pago de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales no resulta una medida novedosa, ya que este Gobierno había tomado una decisión similar a mediados de noviembre del año pasado, anuncio que generó un fuerte rechazo desde todos los sectores que tributan estos gravámenes.
El 14 de diciembre del pasado año, la AFIP comenzó a cobrar un pago extraordinario adicional del 6 por ciento como anticipo de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.
Con esta medida, el Gobierno pretendía recaudar unos 180 millones de pesos adicionales para el Fisco con el objetivo de cumplir con las metas de recaudación tributaria que se habían pactado con el Fondo Monetario Internacional.
La medida levantó una oleada de críticas desde distintos sectores de la sociedad, que se enfurecieron ante la necesidad del Gobierno de financiar los baches fiscales con un anticipo impositivo.
Para justificar la medida, el administrador federal de Ingresos Públicos, Carlos Silvani, afirmó que esa postura obedecía a un aumento del 10 por ciento de la morosidad fiscal, motorizada por la crisis financiera internacional.
El Gobierno se escudó en que los anticipos correspondían a las obligaciones tributarias de ese año y no a las de 1999. La explicación oficial se centraba en que los contribuyentes particulares habitualmente pagan el 90 por ciento de sus obligaciones en un año calendario y el 10 por ciento restante pasa a los primeros meses del año siguiente.
Por lo tanto, se dijo que ese 10 por ciento de impuestos del '98, que debían ser abonados al principio del '99, deberían ser pagados en diciembre del año pasado.
Por esta causa, los contribuyentes particulares pagaron en 1998 el 96 por ciento de sus obligaciones, en lugar del 90 habitual, en tanto que las empresas totalizaron el 99 por ciento.
Los trabajadores en relación de dependencia, sin importar su nivel de remuneración mensual, no estuvieron alcanzados por esta obligación, aunque sí lo hicieron las empresas y los trabajadores autónomos.
Otra parte de los fondos provino de las empresas de Telefonía fija, que pagaron a las arcas públicas 40 pesos por cada línea habilitada durante ese año.
