El ministerio de Economía de la Nación presentó ayer en el Congreso su proyecto de Presupuesto nacional para el año 2000 con una pauta particularmente inquietante para los bonaerenses. Es que la iniciativa que el equipo de Roque Fernández tratará de imponer prevé la eliminación del Fondo del Conurbano y el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi); medida que le generaría a nuestra Provincia una caída de más de 500 millones de pesos anuales en sus ingresos actuales.
"Esto demuestra que nunca les importó la gente y demuestra que saben que van a perder. Pero la Alianza va a defender los derechos de la gente en este tema", reaccionó, rápida, la candidata a gobernadora por la Alianza, Graciela Fernández Meijide, ante una consulta de EL DIA sobre este proyecto de la administración nacional menemista.
Y no fue la única que se mostró molesta. En el Ejecutivo bonaerense, algunas fuentes apelaron a la palabra "locura" para calificar la iniciativa de Roque Fernández y su equipo. En el entorno del candidato justicialista a la Gobernación, Carlos Ruckauf, en cambio, se optó por la cautela. "Carlos va a estudiar el tema con sus asesores antes de emitir opinión", se limitaron a decir.

El proyecto de Presupuesto que se presentó ayer en el Congreso prevé un ajuste severo, del orden de los 1.800 millones de pesos, a partir de jubilaciones forzosas y la eliminación de planes de empleo, de obras públicas y de viviendas a través del Fonavi, entre otras restricciones. Esas medidas se proponen para cerrar el cálculo de ingresos y gastos con un déficit de 4.500 millones de pesos y la estimación está basada en un presunto crecimiento global de la economía del 3,5% y una inflación del 1,5% anual (ver en pág. 9 el detalle de todo el Presupuesto).
Es bajo esas pautas que el gobierno nacional propicia eliminar el Fondo del Conurbano y el Fonavi, reemplazándolo por un Fondo de Desarrollo Humano que tendrá una partida anual de 450 millones de pesos que deberán destinarse a planes de vivienda, salud y educación. De ese monto, 225 millones serán -según la iniciativa- para Buenos Aires y la otra mitad para el resto de las provincias.
Actualmente, el Estado bonaerense recibe 650 millones anuales por el Fondo del Conurbano y 105 millones por el Fonavi, esto es, 755 millones en total. Por lo tanto, de aplicarse la medida que propicia la Nación, la caída en los ingresos de nuestra Provincia sería del orden de los 530 millones anuales.
El Fondo del Conurbano rige desde comienzos de 1992. Había sido reclamado por Eduardo Duhalde (entonces vicepresidente de la Nación) casi como una condición para aceptar la candidatura a gobernador, y planteado como una reparación histórica ante los puntos que Buenos Aires había ido perdiendo en la coparticipación de impuestos entre la Nación y las provincias. Es que, en efecto, el Estado bonaerense, que había recibido hasta el 32% del total de ingresos impositivos en la década del 70, había visto decaer su parte (a manos de la Nación y las demás provincias) hasta menos del 20% a fines de la década del 80.

Duhalde elevó ese reclamo con la fundamentación de que, mientras caía su participación en los impuestos, nuestra Provincia había visto crecer enormemente su Conurbano por la emigración de argentinos de todos los puntos del país en busca de trabajo y mejor destino, y necesitaba dotar a esa región de infraestructura básica de servicios y obras públicas esenciales. Y el gobierno menemista aceptó el planteo y el Congreso lo avaló con una ley.
Tras una reforma al sistema en 1996, estos fondos llegan actualmente a nuestra Provincia por el siguiente mecanismo: la ley 24.621 de distribución del Impuesto a las Ganancias dispone que el Estado bonaerense debe recibir el 10% de la recaudación de ese gravamen, con un techo de 650 millones anuales. Y establece además que esos recursos quedan incorporados a la coparticipación general de impuestos que corresponden a Buenos Aires, de modo que el gobierno provincial los pueden utilizar en los gastos o inversiones que quiera. Sin embargo, en la Provincia se votó una ley que, a su vez, dispuso que esos fondos se mantengan dentro de la órbita específica del Ente del Conurbano.
La ley nacional que dispone esos recursos para nuestra Provincia, por lo demás, está prorrogada hasta el 31 de marzo del 2000.
Ese mecanismo, montado por una ley nacional, es el que se propone ahora derribar Economía de la Nación, al incluir en el proyecto de Presupuesto para el 2000 la eliminación del Fondo del Conurbano (que técnicamente para la Nación ya no existe porque, como se explicó, en 1996 se eliminó la ley del 92 que había creado ese Fondo y en su reemplazo se dispuso dentro de la ley de distribución de Ganancias que un 10% fuera para Buenos Aires pero sin aplicación específica). Y como además propicia eliminar el Fonavi, del que también nuestra Provincia recibe una parte, el achique para el Estado bonaerense sería mucho más severo que para el resto de las provincias.
Al anunciar ayer Economía esta iniciativa, fuentes del gobierno bonaerense revelaron a EL DIA su "malestar", asegurando que jamás se les avisó sobre este proyecto al que, literalmente, calificaron como "una locura", contrariando así declaraciones de Roque Fernández, quien afirmó que la administración bonaerense "fue consultada" para decidir la eliminación del Fondo del Conurbano.
Pero las fuentes del Ejecutivo bonaerense no sólo mostraron su molestia por la iniciativa. También indicaron que podría ser inaplicable por "inconstitucional".
Ocurre que al reformarse la Constitución nacional en 1994, se incluyó en la Carta Magna una cláusula transitoria que dispone que "para reformar los niveles de coparticipación de impuestos debe haber acuerdos previos entre la Nación y las provincias; acuerdos que deberán ser remitidos al Senado, el que los deberá respetar íntegramente". Y también determina que "ninguna provincia podrá recibir menos fondos coparticipados que los que recibía cuando se modificó las Constitución" (esto es, en 1994).
"Se ve que Pablo Guidotti (el segundo de Fernández, que anunció ayer las iniciativas polémicas) no conoce bien las leyes", dijeron las fuentes del gobierno bonaerense.