El Camino Centenario, en su carácter de principal vía de acceso a La Plata es un lugar de tránsito obligado para miles de personas, tanto afincadas en la región, como provenientes de otros distritos que deben concurrir por distintas razones, entre otras, la realización de gestiones en la capital de una provincia del volumen e importancia de la de Buenos Aires. En virtud de ello la calamitosa sucesión de accidentes que en él vienen ocurriendo en forma casi ininterrumpida debiera ser considerada, más allá de cuestiones jurisdiccionales, como un problema prioritario tanto por la Comuna, en defensa de la seguridad de sus habitantes, como por el estado provincial, preocupado por la de los ciudadanos que concurren a la ciudad sede de sus autoridades y de su administración central.


No se explica, por ello, que no se produzcan acciones suficientemente efectivas dirigidas a cambiar la situación. En este sentido viene al caso recordar las declaraciones formuladas a EL DIA, reproducidas en la reciente nota referida a este tema, por el presidente del Comité de Seguridad en el Tránsito (COSETRAN). Luego de advertir que ese acceso actualmente está saturado, por lo que requiere urgentes modificaciones, delineó las propuestas concretas que se han formulado para mejorar la situación. En tal sentido, se refirió a la implementación de un sistema de tránsito inteligente, con semáforos cada 200 metros, sendas en los pavimentos, sensores y controles satelitales, que trabajen regulando el flujo vehicular en cada momento. De esta manera se podría -dijo el funcionario - adecuar el ritmo a los volúmenes variables del tránsito existente. Hasta allí, la descripción del sistema, sobre cuya efectividad sólo la experiencia podrá dar un indicio valedero, pero el aspecto clave de la cuestión llegó al final, cuando expresó que "todo está para ser aplicado y sólo falta la decisión política y económica para hacerlo".
Esta última afirmación vale para cualquier aspecto de la cuestión que se analice.

Lo mismo vale, en efecto, respecto de otras soluciones que se plantean, como las que el mismo titular del COSETRAN mencionó para poner en práctica como arbitrio intermedio, o las planteadas por el vocero de Seguridad y Educación Vial de la Provincia, o por el jefe del cuartel de bomberos de Villa Elisa. En todos los casos se puso el acento en la necesidad de controles más tenaces y más rigurosos que pongan freno a los excesos de velocidad, origen casi invariable de los siniestros. Lo dijo el último de los mencionados con claridad: "Nadie levanta el pie del acelerador ni siquiera en los días de lluvia, cuando el camino es un jabón. Y no se puede frenar a esas velocidades, porque hoy en día un auto levanta a 100 kilómetros por hora en 10 segundos".
En todos los países hay automovilistas que superan los límites de velocidad. Pero únicamente en el nuestro la mayoría tiene la casi certeza de quedar impune, si no sufre o no hace sufrir a algún otro consecuencias más graves. Basta con ir al cine y comprobar cómo los que corren demasiado ligero son detectados por patrullas, que los persiguen. Y los infractores suelen detenerse, porque si no las sanciones son suficientemente graves. Eso, mientras los legisladores bonaerenses terminan de ponerse de acuerdo - tarea que les viene llevando ya bastante más de un año- para reglamentar definitivamente el uso del vilipendiado radar, que podría constituir un arma eficaz para combatir a los apurados.
De una manera u otra, lo que debe tenerse claro es que lo que sucede en el camino Centenario no puede ni debe seguirse consintiendo. Este también es un problema de seguridad que puede derivar en daño para muchos inocentes y cuya solución dista de ser inalcanzable si se lo encara como una verdadera emergencia y se aplican medidas suficientemente enérgicas para terminarlo. Queda en manos de las autoridades responsables adoptar la decisión política a la que se hace referencia más arriba. Que puede apuntar a plasmar el tramo de "tránsito inteligente", pero que debe, en cualquier caso, establecer los controles requeridos, por la vía que resulte eficiente de acuerdo con las estadísticas de infracciones labradas o la reducción de los siniestros que demuestre la observancia de las normas.