El Colegio y la Federación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense -que juntos nuclean a todos los jueces, fiscales y defensores del interior, La Plata y del Gran Buenos Aires- calificaron como "intromisión" de poderes, a las críticas del Ejecutivo provincial sobre el desempeño de jueces, quienes en los últimos días advirtieron sobre la posibilidad de colapso del sistema penal.

Ambas instituciones judiciales expresaron esos conceptos en una declaración que firman los jueces Jorge Graziano, vicepresidente en ejercicio de la presidencia del Colegio de Magistrados provincial, y Carlos Ramón Lami, presidente de la Federación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial provincial.
Los magistrados bonaerenses cuestionaron de ese modo las declaraciones del subsecretario de Justicia bonaerense, Carlos Martínez, quien sostuvo que los jueces de los tribunales orales, que advirtieron sobre el colapso del sistema judicial penal, en realidad "no trabajan" y consideró que "más que hablar de un colapso habría que medir la productividad de los tribunales".

"Deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en la búsqueda de soluciones lógicamente viables que den una mayor satisfacción a las necesidades y requerimientos de la sociedad, en vez de desgastarnos en inoficiosas recriminaciones cruzadas que nada aportan y en algunos casos constituyen indebidas intromisiones en las facultades y atribuciones propias de uno de los poderes del Estado", expresa la declaración de los magistrados bonaerenses.
Ambas instituciones judiciales reseñaron en su escrito que ya antes advirtieron "las falencias observables y sus posibles soluciones, poniendo énfasis en las consecuencias perniciosas que para el funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto, provocaban las restricciones efectuadas al su ya tradicionalmente austero presupuesto".
Finalmente, el Colegio y la Federación de Magistrados reiteraron su preocupación por "las declaraciones" y las "réplicas" sobre el funcionamiento de la justicia penal provincial y solicitaron la unión para obtener soluciones a esa problemática.
La polémica entre el Ejecutivo y la Justicia bonaerense se inició a fines de 1999, cuando los jueces de los tribunales orales de los 18 Departamentos Judiciales de la Provincia elaboraron un informe en el que advertían sobre el inminente colapso del sistema penal provincial.
"La reforma penal va hacia el colapso en la medida en que no se pongan en marcha los órganos previstos por la ley, de la que sólo se cumplió con poco más de la mitad, pero como siga avanzando el número de causas, se producirá un cuello de botella que va a producir a corto plazo una eclosión del sistema", expresó el juez de Quilmes, Ariel González Elicabe.

El magistrado sostuvo que "por problemas presupuestarios se ha cumplido con poco más del 50 por ciento de los órganos previstos por la reforma, y en el caso de Quilmes falta la mitad de los Tribunales Orales, la mitad de los juzgados de Garantías y la mitad de juzgados correccionales, es decir que estamos a medias".
El Ejecutivo provincial sostuvo que el problema en la Justicia penal provincial reside "en la baja productividad" de los tribunales.
Ayer, la Asociación Judicial bonaerense advirtió que las causas penales acumuladas en los juzgados de transición bonaerenses son 560 mil y la mitad de ellas podría prescribir por el colapso que atraviesa la justicia penal provincial debido a problemas presupuestarios.