El Ministerio de Infraestructura y Vivienda estudia un sistema de concesión para la construcción, operación y financiamiento de obra pública por parte del sector privado, lo que le permitiría eludir el corset que le impone la ley de responsabilidad fiscal y reactivar la economía sin incrementar el déficit.
"La contabilidad del gasto corriente, que implica gastos de funcionamiento, de consumo, masa salarial y el mantenimiento de obra, es la que debe atender el equilibrio fiscal, pero la contabilidad de la inversión es otra y no se pueden mezclar", sentenció el ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, principal impulsor del proyecto.

El funcionario presentó la semana pasada al presidente Fernando de la Rúa el Plan Federal de Infraestructura, que comprende obras por 20.000 millones de dólares para el período 2000-2005, el 30 por ciento de las cuales todavía no tiene financiamiento.
La realización de obra pública como motor para impulsar el despegue de la economía es un tema que desvela a Gallo. "La obra de infraestructura bien planificada tiene un efecto muy positivo en la competitividad y, por lo tanto, en las exportaciones", sentenció el ministro.
Y para ello, analiza alternativas que implican desde modificaciones en la contabilidad del gasto público hasta un sistema que le permita al Estado concesionar la prestación de un servicio, en lugar de una obra, que encargue al sector privado no sólo el desarrollo y la explotación, sino también el financiamiento.
Gallo sostiene que no se pueden aplicar contablemente al déficit fiscal las inversiones en infraestructura y tampoco se puede computar la totalidad de un crédito cuando se activa. Sólo debe sumarse al rojo operativo del Estado el monto de la cuota que debe afrontar anualmente.
"Hay que buscar la solución, porque confundir gastos corrientes con gastos de inversión es un error, y en una fábrica, si uno tiene un préstamo para pagar la masa salarial, lo pone en un determinado lugar, pero si lo toma para pagar una máquina lo imputa a otra cuenta", explicó.
Sin embargo, un grupo de trabajo interministerial del que participan funcionarios de Infraestructura y del Palacio de Hacienda, todavía busca la forma de implementar esta modificación a la imputación contable.
Ante esta disyuntiva, Gallo impulsa un sistema que apareció en los últimos años en Europa y se denomina de "peaje en sombras", que deja en el sector privado la inversión de riesgo y la toma de financiamiento, e impone al Estado el pago de un canon en caso de que no se cumpla con una expectativa de tráfico preestablecida.