ASUNCION, Paraguay.- El gobierno paraguayo desató ayer la mayor purga de los últimos cuatro años en el ejército y la policía, tras un fallido intento de golpe de estado sofocado el viernes.

Fuentes oficiales y medios de prensa indicaron que, en el marco de un estado de excepción decretado por el presidente Luis González Macchi y ratificado por el Congreso, fueron detenidos o están con órdenes de detención 60 oficiales y suboficiales militares y 21 policías, además de 12 civiles.
Los militares y civiles detenidos son sospechosos de participar en algún grado del fallido intento de golpe, que según el gobierno fue organizado por el ex general Lino Oviedo. Los cabecillas del movimiento rebelde son figuras habitualmente identificadas con Oviedo.
Entre tanto, campesinos y sindicalistas denunciaron que el estado de excepción se está utilizando también para reprimir y detener arbitrariamente a organizaciones de campesinos sin tierras y entorpecer sus protestas contra el proceso de privatización iniciado a principios de mes.
"La medida tenía que haber apuntado a corregir el intento de golpe pero no cercenar el derecho de los trabajadores y campesinos ... las autoridades no respetan el límite de este estado de excepción", dijo a periodistas Eduardo Ojeda, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores.
El estado de excepción sólo debe regir en los procesos relacionados con la revuelta militar, según explicaron abogados.
El jueves por la noche, los golpistas rodearon dos unidades militares, dos cuarteles de policía, atacaron la sede del Congreso, ocuparon dos radioemisoras y exigieron la renuncia del presidente.
Tras siete horas de tensión, sin embargo, desistieron del levantamiento y se rindieron a fuerzas leales al gobierno, acosados por la aviación militar y la marina.
Según las autoridades, el objetivo del plan era asesinar al presidente, a dos ministros, al titular del Congreso, a otros políticos y periodistas, e instaurar un nuevo gobierno.
También fueron apresados dos generales en situación de retiro que habían participado de otra intentona golpista de 1996, también encabezada por Oviedo.
Dos años después de ese intento, el ex general fue condenado a 10 años de cárcel, pero fue liberado por el presidente electo en 1998, Raúl Cubas, su aliado político.
La fallida intentona de 1996 provocó la remoción de más de 100 oficiales militares.
Oviedo actualmente está prófugo, y es también acusado de planificar un atentado callejero en el que fue asesinado el vicepresidente Luis María Argaña en marzo de 1999.
El intento golpista del jueves y viernes fue rechazado de inmediato por los tres socios de Paraguay en la unión aduanera Mercosur (Argentina, Brasil y Uruguay), por sus miembros asociados, Bolivia y Chile, además de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos.
La cúpula militar apoyó a González Macchi, pero medios de comunicación aseguraron que el mandatario ordenaría cambios en los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
En la madrugada del viernes fue removido el comandante de la Policía Nacional, Casto Guillén, y reemplazado por el comisario Miguel Angel Rojas.