Alejandro Toledo, una vez más está jugando al límite y lo sabe. También sabe que ya lo hizo en una oportunidad y le dio buenos frutos. Durante más de tres días el resultado de la primera vuelta electoral en Perú dejó a Fujimori con más del 49 por ciento del total de los votos. A un paso de su tercera presidencia. La presión internacional hizo que debiera conceder una segunda vuelta.
Ahora la historia se repite. El candidato opositor, con voces de respaldo de la OEA asegura que no están dadas las condiciones para presentarse a la segunda vuelta electoral prevista para el 28 de mayo y pide una postergación de tres semanas. Y hace dos amenazas, no se presentará y llamará a al abstencionismo electoral.

Fujimori se resiste. Asegura que todo está en orden y no acepta postergar los comicios.
La pulseada está planteada. Con el respaldo de los responsables de la justicia electoral para Fujimori y los reclamos de la comunidad internacional que pide transparencia y juegan a favor de Toledo.
Y la pulseada es muy peligrosa. Se vive en las calles con un clima electoral y mitines multitudinarios de uno y otro bando. Además con algunos incidentes, todavía menores. Algunos heridos, contusos en peleas a puño limpio.
Pero el clima es irrespirable. La estrategia de Toledo es clara. La de Fujimori también.
Ningún candidato se opondría a reconocer la derrota de su oponente sin ballotage si este superó el 49 por ciento de los votos. Sólo que en Perú el fraude pudo alterar millones de votos.
Las campañas continúas, pero la confusión y las tensiones dominaban el ambiente político peruano y ningún experto se atrevía a afirmar con precisión qué puede pasar en el futuro inmediato, pero en lo que sí había coincidencia, salvo alguna voz radical del fujimorismo, es en que hay una situación de aguda crisis política que podría incluso repercutir en la estabilidad del país.
"El destino del país es incierto. Estaremos expuestos a una serie de pronunciamientos internacionales, retiro de embajadores, bloqueo económico efímero o permanente", comentó Javier Valle Riestra, ex presidente del Consejo de Ministros de la administración Fujimori.
Hasta ahora el panorama concreto es que los comicios serán el 28 de mayo, porque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya descartó la opción de cambio de fecha, pero uno de los dos candidatos estará ausente por voluntad propia, lo que configurará una extraña elección con el presidente Alberto Fujimori como candidato único.
Según voceros oficialistas, como Luz Salgado o Ricardo Marcenaro, lo que Toledo pretende es "producir un efecto muy fuerte y generar caos". Para ellos, el país no debe someterse al supuesto "chantaje" y debe continuar adelante con el proceso, acudiendo a las urnas el 28 para votar por su candidato favorito.
Otros oficialistas dicen que el JNE, basándose en el antecedente de 1985, cuando el marxista Alfonso Barrantes renunció a ir a una segunda vuelta contra Alan García, podría proclamar ya a Fujimori ganador. Sin embargo, al margen de lo explosivo de una decisión en tal sentido, está el obstáculo legal de que Toledo no ha renunciado formalmente.
Otra opción, manejada por sectores opositores e independientes, es que el Junta Nacional Electoral, "pensando en el bien del país", reconsidere su posición y aplace los comicios como pide Toledo. Esa supuesta decisión, empero, chocaría con la oposición del fujimorismo, que se ha aferrado al 28 como la "fecha inamovible" del proceso.
"Se debe llegar a un acuerdo y una solución política que sea aceptable para la Constitución. La crisis que se presenta en este momento es política. Es decir, lo más importante de una democracia, que es el sistema electoral, no tiene garantías para el país en el breve tiempo que queda", comentó el prestigioso constitucionalista Francisco Eguiguren.
El anuncio de anoche de Toledo llevó a su punto más crítico a un proceso electoral afectado desde el comienzo por múltiples denuncias de irregularidades destinadas a favorecer a Fujimori, las que fueron documentadas por misiones de observadores internacionales.
Inexplicadas demoras en el escrutinio, contradicciones en las cifras, abismales diferencias en los resultados de las mesas en que no hubo personeros de la oposición con respecto a los de aquellas en que los hubo y una distancia de más de un millón entre el número de votantes y el de votos, hundieron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en una profunda crisis de credibilidad.
Para la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos es imposible técnicamente por el breve tiempo que queda que se pueda antes del 28 auditar el nuevo sistema informático de la ONPE, argumento esgrimido por Perú Posible para explicar su posición de exigir un retraso.
Por ahora, los que se sitúan en el centro exigían ayer que ambas partes alivien cargas y que se busquen salidas de consenso para una crisis en la que el primer perdedor es el país.