muchas denuncias sobre su uso. Pero no se dictan otras normas que permitan controlar el tránsito
Hay pertinaces recelos "bicamerales" en la Legislatura por el tema de los radares en las rutas de la Provincia. Algunos proyectos destinados a regular el uso de los sistemas de medición fueron aprobados en una cámara y demorados en la otra. De modo que se llegó, finalmente, a una situación de impasse, instrumentada a través de una ley que suspendió el uso de los radares y que ya experimentó varias prórrogas. En otras palabras, el desacuerdo histórico entre las dos cámaras se traduce en que no se controla la velocidad en la Provincia desde febrero de 1998.
El miércoles pasado se reflejó en este diario el malestar existente en el Senado por el "cajoneo" en Diputados -desde el 7 de abril de 1999- de un proyecto aprobado en la Cámara Alta que busca regular en detalle el uso de radares, determina la utilización y ubicación de los controles y reglamenta los procedimientos para tramitar las actas de infracción, se supone que en procura de llenar el vacío legislativo que acompañó la puesta en práctica de estos sistemas electrónicos de medición.
Ahora llegó la réplica desde la comisión de Transporte de la Cámara Baja, cuyo titular Henry Stegmayer se expresó "sorprendido" por el fastidio de los senadores ya que, dijo, "nosotros nos hemos reunido en varias oportunidades en la comisión que presido desde febrero y hemos avanzado positivamente hacia la solución del tema". Los legisladores de la Cámara Baja recordaron que una de las primeras iniciativas fue del diputado radical Tomás Ciocca y que "la pararon después los senadores".
Stegmayer destacó que a raíz de ese trabajo en comisión "hemos llegado a la conclusión de que son necesarias algunas modificaciones al proyecto que votó el Senado".
Esas modificaciones apuntarían a incorporar cláusulas que "desincentiven el uso indiscriminado de los radares en los municipios"; y a "definir mejor las jurisdicciones", en lo que concierne básicamente a las incumbencias cruzadas que pueden plantearse entre la Provincia y los municipios.
El texto que se elabora reafirma que la jurisdicción en las rutas provinciales "es exclusiva de la Provincia" y que el sistema de radares "sólo podrá delegarse a los municipios en las áreas urbanas".
En cuanto a la mencionada desincentivazión, como se sabe, el abuso en el empleo de los radares detectores en que cayeron muchos municipios linderos a las rutas -algunos de los cuales convirtió a las actas de infracción en la segunda, y en casos la primera, fuente de ingresos-, sumados a las durísimas protestas de miles de automovilistas, determinaron la suspensión legal del empleo de los radares, en una medida que se viene prorrogando sin solución de continuidad en los últimos dos años.
En concreto, el 5 de marzo de 1998 la Cámara de Diputados aprobó la primera suspensión. Cuatro días después, el 9 de febrero el Senado sancionó esa ley caratulada "Sanción definitiva suspendiendo por 180 días la aplicación de todos los sistemas de comprobación de velocidad vehicular, que se efectúa por radares fotográficos en la jurisdicción provincial", la 12.087.
Después se sucederían las prórrogas por las leyes 12.177, 12.242, 12.316, y 12.410, la última de ellas con vencimiento el próximo septiembre. Mientras tanto, algunos municipios transgredieron las prórrogas y siguieron apuntando con radares -por lo general escondidos- a los automovilistas que continuaron recibiendo, de aquí y allá, intimaciones de pago en una situación que genera lógico malestar y que está controvertida.
Habría acuerdo entre senadores y diputados para que, la que corre, sea la última prórroga. "Y la única forma de cumplir con eso es que acordemos un despacho único entre las dos Cámaras, cosa de no volver a empezar con el ping-pong".
Existiría, por lo pronto, una coincidencia entre la postura que se perfila en Diputados con la que se votó en el Senado, en el sentido de "no permitir que la utilización de los radares sea usufructuada por parte de empresas privadas, sino que el sistema sea controlado por el Estado", dijo ahora Stegmayer.

Como se sabe, la iniciativa de la Cámara Alta, impulsada originalmente por la aliancista María Cristina Azcueta y respaldada por el bloque del PJ que preside Luis Genoud autoriza el sistema de medición de velocidad, bajo una serie de requisitos y condiciones, pero, dice, en ningún caso se autorizará la concesión o contratación de empresas privadas para la aplicación del sistema.
"En estos momentos, la comisión estudia en detalle el proyecto y está convocando a los distintos sectores involucrados en el tema, aunque le damos un especial énfasis a facilitar el derecho de defensa de los infractores frente al abuso en el empleo de estos recursos con fines recaudatorios. Acá lo que interesa únicamente es que el sistema se ponga al servicio de la seguridad de las personas y los bienes en el tránsito", aseguró Stegmayer.
Uno de los temas más discutidos en la comisión tiene que ver con la distribución de las multas, apuntándose a la creación de un fondo provincial coparticipable luego entre las comunas, aún cuando no existe consenso sobre este punto.
Ahora, el último episodio en los recintos se registró el jueves pasado cuando el Senado aprobó un pedido de informes del frepasista Carlos Baldino, destinado a que el Poder Ejecutivo ofrezca los motivos por los cuales la municipalidad de Maipú y otras comunas no estarían dando cumplimiento a la suspensión de los radares. "Todo indica que esas comunas privilegian un criterio recaudatorio por sobre la corrección de faltas o la prevención de accidentes, sin perjuicio de que transgrederían las suspensiones en curso", indicó.