María Natalia Alonso, de quien se sospecha que es hija de desaparecidos, está haciendo una huelga de hambre en la dependencia policial en la que estará alojada para ser sometida a un examen de ADN para determinar el vínculo genético con sus padres, que están denunciados por presunta apropiación ilegal de una beba nacida en cautiverio durante la última dictadura militar.
Alonso, quien actualmente tiene 22 años, está alojada desde el jueves pasado en una dependencia policial de calle 1 por orden de la jueza de Transición María Isabel Martiarena, luego de ser hallada en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata.
La joven era buscada por la Justicia desde hace tres años en el marco de la causa originada a raíz de la denuncia, en 1986, de Abuelas de Plaza de Mayo que acusaron al matrimonio conformado por Omar Alonso y María Luján Di Mattía de haberse apropiado ilegalmente de una beba nacida en cautiverio durante la última dictadura militar y que anotaron como propia.
De todas maneras, la joven se niega a ser sometida a un estudio de ADN. Por este motivo, fue llevada por la fuerza a una dependencia policial. Y, ahí, anunció que hará una huelga de hambre.
Según informaron los voceros judiciales, María Natalia Alonso, tras ser hallada el pasado jueves fue trasladada al Hospital Durán de la capital federal, donde se negó a que le practicaran la extracción de sangre para realizar el examen de ADN.
En ese centro asistencial, existe el Banco Nacional de datos Genéticos, creado por la ley 23.511, con el propósito de que se realicen allí los exámenes destinados a establecer la identidad de menores nacidos cuando sus padres se encontraban detenidos en los centros clandestinos que funcionaron durante la dictadura.
En tanto, el abogado de la joven, Fernando Burlando, presentó ante la justicia penal un recurso de hábeas corpus en el que pidió su "inmediata libertad".
En febrero de 1997, la sala II de la Cámara de Apelaciones de nuestra ciudad dispuso la extracción compulsiva de una muestra sanguínea a la joven, en una resolución que se basó en un fallo anterior de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya había autorizado el análisis.
El juez penal a cargo de la causa en ese momento, Samuel Saraví Paz, sobreseyó a Alonso y dio cumplimiento a lo dispuesto por la Cámara y encargó a la entonces Brigada de Investigaciones la averiguación del paradero de María Natalia, quien nunca se presentó a la justicia ni pudo ser localizada.
La joven expresó en una nota dirigida a la justicia y que consta en el expediente, su negativa a que se investigue si es hija de desaparecidos e incluso le pidió al juez Saraví Paz en una carta que la dejara "vivir en paz".
En la misma resolución de la Cámara, el tribunal dispuso la revocatoria del sobreseimiento definitivo a Di Mattía que le había otorgado en su momento el juez y ordenó su inmediata detención.
La mujer fue detenida en setiembre y liberada en noviembre del año pasado por falta de mérito, según entendió la jueza de Transición María Isabel Martiarena.
Di Mattía estaba acusada de los delitos de "sustracción de menor, suposición de estado civil y falsedad ideológica de instrumento público".
Tanto Alonso como Di Mattía se negaron sistemáticamente a ser sometidos a las pericias de histocompatibilidad para esclarecer su paternidad respecto de la joven que, en 1977, anotaron como hija propia.