Pese a la alegría que provocó la decisión, el anuncio de Alberto Fujimori de que convocará a nuevas elecciones creó un complejo cuadro legal, de difícil resolución jurídica. Fujimori apeló a una figura que no está prevista por la Constitución peruana, porque presentó una especie de renuncia "a término". Anunció que se va, pero no lo hizo. Y su alejamiento del cargo sólo tendrá efectos prácticos, una vez realizados los nuevos comicios. Mientras tanto, seguirá al frente del gobierno hasta que presente su renuncia al Congreso. También se debe reformar la Constitución para acortar su gobierno. La oposición, en cambio, presiona para la renuncia inmediata de Fujimori y sus vicepresidentes, dejando el gobierno a un interinato formado por "notables" durante la transición. La explicación es que ni Fujimori, ni Tudela, su primer vicepresidente garantizan la limpieza electoral. Quien mayores posibilidades tendría para encabezar a estos notables sería el actual Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, quien dijo que no eludiría esa responsabilidad. Pero no se agotan aquí las dificultades del proceso peruano. Es que la legitimidad del Congreso también quedó cuestionada y la opción sería la autodisolución del Congreso unicameral, sin esperar una reforma constitucional.