Matizada por rencillas y heridas sin cerrar, la nueva ley de Minoridad que, se supone, implicará un cambio completo en todo el sistema de tutela de menores en la provincia de Buenos Aires, está sometida desde hace por lo menos dos años, pero especialmente en estas jornadas, a tironeos en la Legislatura bonaerense. Existiría un plazo imperativo: el 30 de septiembre. De no votársela antes, habrá que prorrogar la vigencia de la antigua ley de Patronato.
La división entre los juicios asistenciales y penales, con tratamiento de las causas de menores a través de los fueros respectivos -los especialistas hablan de "desjudicializar las causas de la pobreza"- significaría quitarle a los jueces del fuero la tarea asistencial que hoy atienden. El problema inmediato a resolver es cómo y dónde montar presupuestariamente la nueva estructura administrativa que se haría causa del tema asistencial. Y cuál será la relación de Minoridad con las organizaciones no gubernamentales.
Si bien el escenario más polémico de los disensos está ahora en el Senado -en cuya comisión específica cuatro peronistas anunciaron su intención de no concurrir mientras permanezca en su cargo un relator recientemente designado-, las controversias de fondo se relacionan con cuestiones políticas y hasta ideológicas, estas últimas referidas al manejo del área de Menores.
Como se sabe, uno de los últimos capítulos quedó escrito cuando cuatro senadores del PJ que integran la comisión de la Niñez -presidida por el frepasista Marcelo Di Pietro- anunciaron que dejarían de ir a la comisión si se nombraba en ella como relator a Miguel Saredi, ex funcionario del Consejo del Menor durante la gestión del ex senador Daniel Bolinaga.
Los cuatro que cumplieron y no están yendo a la comisión son Adriana Coirini, Susana Salerno, Sara Dorotier y Jorge Scarone, que básicamente le pasan al designado relator dos facturas: Saredi, peronista de la Cuarta Sección electoral (a la que pertenece Scarone) fue quien meses atrás renunció invocando "diferencias ideológicas" con Bolinaga, luego de haber iniciado un sumario por irregularidades en un instituto dependiente del obispado de Luján-Mercedes.
La situación terminó desestabilizando a Bolinaga en medio de un escándalo público que concluyó sólo cuando el gobernador Ruckauf decidió designar como interventora del Consejo a Irma Lima.
Un dato aquí comienza a resultar gravitante: se conoce que desde 1983 los legisladores provinciales ejercieron una suerte de "tutela amistosa" con los pares -por caso, José Gabriel Dumón, Carlos Valerga, Norberto Fernandino, Graciela Giannettasio, José María Díaz Bancalari, entre otros- que fueron convocados a cumplir funciones en el gabinete bonaerense, ninguno de los cuales, por caso, fue obligado alguna vez a ofrecer explicaciones en el recinto. Esto valió tanto para radicales como para peronistas.

Cuando poco después de la caída de Bolinaga, el frepasista Di Pietro designó a Saredi como relator entró en el polígono de tiro de los senadores del PJ que, además, en diciembre habían operado políticamente para ubicar al ex senador en ese cargo provincial, como compensación a su relegamiento en las listas de candidatos en la última elección.
A todo esto, menudeaban versiones acerca del giro político que estaría llevando a Saredi desde el PJ hasta el Frepaso, en una mudanza no consagrada aún formalmente. Esta evidencia habría ayudado a que algunos peronistas apretaran el gatillo.
UN INTRINGULIS
Con estas rencillas de por medio, hace unos días tuvo lugar una reunión convocada por el vicegobernador Solá, destinada a destrabar el tema de la ley de Menores. Participaron diputados, senadores y hasta integrantes del Consejo. Hubo fuertes cruces de opinión pero, según trascendió, se buscaron fórmulas para no tener que prorrogar la actual ley de Patronato y avanzar en la sanción de la nueva.

En el encuentro -al que no asistieron los diputados frepasistas- el PJ del Senado propuso validar el texto del proyecto de ley de Minoridad votado a fines del '98 en la Cámara Alta y que se cayó luego en Diputados. La jefa del bloque radical de Diputados, María del Carmen Banzas, propuso conciliar el texto de la ley provincial con el de la órbita nacional, que impulsó en su momento, aunque la sugerencia no habría prosperado.
Por el lado de los senadores radicales, Diego Rodrigo postuló apoyar el texto votado en el Senado pero enfatizó que debían agregarse sugerencias de la interventora Lima y, a la vez, contemplar qué estructura administrativa podría hacerse cargo de la tarea asistencial que hoy desempeñan los jueces del fuero.
Ahora Rodrigo sostuvo que "la Alianza tiene mayoría en ambas Cámaras y estamos obligados a zanjar diferencias, a superar cualquier diferenciación política, porque lo importante es que saquemos la nueva ley de Minoridad".
El jefe del bloque peronista, Luis Genoud, eludió el tema de la conflictiva comisión de la Cámara Alta y se pronunció en cambio por "sentarnos cuanto antes a trabajar, partiendo de los consensos preexistentes, sobre la base de la ley que votamos hace dos años".
Por el lado del Frepaso, se sabe que los senadores de ese bloque convalidan a Di Pietro en su decisión de nombrar a Saredi. "Es facultad del presidente designar a sus relatores", dicen para calificar como "injustificada e inexplicable" la actitud de los peronistas de no acudir a las reuniones de comisión.
"Que yo sepa, no existe un sólo antecedente de que senadores hayan cuestionado la designación de un secretario relator" dijo el jefe del Frepaso Eduardo Sigal, quien sin embargo aludió también a la necesidad de "legislar cuanto antes, ya que hay un piso de consenso".