El diputado nacional Juan Pablo Cafiero restó importancia a las versiones que lo sindican como posible ministro de Trabajo y sostuvo que el tema de los supuestos sobornos en el Senado de la Nación "es un asunto delictual, que nada tiene que ver con el proyecto de financiamiento de los partidos políticos y transparencia en la gestión pública" que impulsa con su compañero de bancada, Carlos Raimundi.
La presentación del proyecto se llevó a cabo ayer en nuestra ciudad y en la práctica significó una muestra de respaldo del chachismo local al vicepresidente Carlos Alvarez.
Cafiero y Raimundi fueron acompañados por el senador provincial Alejandro Filomeno, el diputado bonaerense Adolfo Aguirre y los concejales Iván Maidana y Francisco Da Giau entre otros dirigentes frepasistas que se vieron en el Pasaje Rocha, donde se hizo la charla.
En un breve encuentro con la prensa, Juan Pablo Cafiero dijo desconocer las versiones que lo dan como nuevo ministro de Trabajo y que empezaron a correr al mismo tiempo que los trascendidos sobre cambios en el gabinete de Fernando de la Rúa.
Cafiero se refirió a las versiones sobre pago de coimas en Diputados en relación con la ley de patentes medicinales al afirmar que "nosotros votamos a favor de los intereses de la población y no de los laboratorios". En ese sentido dijo que "cuando se votó la privatización de Gas del Estado hubo un legislador trucho en el recinto y también hubo irregularidades en el tratamiento de otras privatizaciones y en gran parte de las leyes de la Reforma del Estado".
Al hablar del proyecto de austeridad política, Cafiero lo desvinculó del escándalo por los sobornos en el Senado al señalar que "ese es un asunto delictual y este proyecto apunta a crear un pacto de austeridad entre la política y la sociedad".
El proyecto que de Cafiero y Raimundi propicia la firma de un compromiso federal para la austeridad, equidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, que luego debería ser ratificado por el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Entre otras medidas impulsa recortar las asignaciones de acuerdo con tres parámetros: que no superen el 3 por ciento del presupuesto de cada Provincia; que se mantenga dentro de los 700.000 pesos anuales por cada legislador o que se lleve a 35 pesos por habitante el presupuesto de las legislaturas.
"Cada provincia deberá determinar, según su realidad económica, que parámetro tomar para que resulte el más bajo", explicó Raimundi.