Al margen de las distintas posturas que pudieron sostener los sectores que concurrieron a la reforma de la Constitución bonaerense, quedó claro que, en el transcurso de las deliberaciones y luego en las sanciones correspondientes, se plasmó una labor de actualización en muchos sentidos conveniente, tanto con la eliminación de varias disposiciones que resultaban anacrónicas, como con la incorporación de institutos novedosos que apuntan a la satisfacción de necesidades reales, así como a lograr una más ajustada representación de la voluntad ciudadana.
Sin embargo, ya han transcurrido más de seis años de esa reforma y muchos de esos nuevos mecanismos constitucionales siguen sin funcionar, a raíz de la ya larga demora de la Legislatura provincial en proveer de la indispensable reglamentación para que tengan vigencia plena. Se encuentran en esas condiciones varios institutos y acciones de trascendencia, tales como las formas de democracia semidirecta -iniciativa y consulta popular, audiencia pública- así como la Policía Judicial, el Tribunal de Responsabilidad Social, el Defensor del Pueblo, el amparo y el hábeas data, tal como lo detalló una reciente nota publicada en EL DIA.
No es la primera vez, por cierto, que se efectúa aquí esta advertencia acerca de la demora legislativa. Se planteó ya el problema al cumplirse un año de la aprobación del texto constitucional, oportunidad en la que se enumeraron los importantes aspectos en los cuales la ciudadanía veía postergados sus derechos en razón de esta pereza legislativa. Sin embargo, hasta el presente la tarea de los convencionales constituyentes ha quedado inconclusa. Es verdad que han existido avances en otras materias en las que se introdujeron reformas a la Constitución del '34, pero es mucho el camino que falta por recorrer.
Acaso cobran particular relieve aquellas leyes que impulsarán las formas de democracia semidirecta, por caso, las de la iniciativa popular o consulta popular, que permiten que los ciudadanos participen más activamente en las decisiones de gobierno y en las que, vale recordarlo, muchos distritos han avanzado en estos años en la realizaciones de comicios no vinculantes. El objetivo de los constituyentes, no obstante, no podrá ser alcanzado sin que se sancionen las leyes reglamentarias. Lo mismo puede decirse, tal como se lo ha hecho reiteradamente aquí, sobre la necesidad de regular la Policía Judicial, sobre cuya creación se habían presentado ya iniciativas en la Legislatura antes de que fuera incorporada a las reformas plasmadas en 1994.
Como se ha dicho, no es poco lo que se ha avanzado. Así se han reglamentado leyes tan importantes como las de la eliminación de barreras arquitectónicas para discapacitados o quedaron consagrados el nuevo sistema referido a la designación de jueces, mediante la creación del Consejo de la Magistratura, la reforma del ministerio público y la ampliación del fuero contencioso administrativo -con sus estructuras aún no puestas en vigencia, aunque por razones no imputables al Poder Legislativo-, pero también es de lamentar que numerosas modificaciones impulsadas hace seis años sigan siendo letra muerta para la vida institucional de la Provincia.
Las aludidas reticencias de índole ideológica que pudieran subsistir para la puesta en práctica de algunos de los institutos creados -fundamentadas en los debates habidos en el Pasaje Dardo Rocha, donde se realizó la convención-, de ningún modo autorizan ahora a seguir incumpliéndose el mandato de los constituyentes. Otras explicaciones posibles, como algunas de naturaleza presupuestaria, tampoco eximen a los legisladores provinciales del deber de consagrar la letra de la Carta Magna. Pero más allá de estas y otras circunstancias que pudieran haber influenciado en la demora, es obligación y responsabilidad de los legisladores volver efectivas las cláusulas de la Constitución, sobre todo cuando, como se ha dicho, la casi totalidad de las que se encuentran pendientes demostró ser, intrínsecamente, tanto en teoría como en su aplicación en países desarrollados, herramienta positiva y gravitante para un mejor futuro institucional.