Hace pocas jornadas, un artículo publicado en EL DIA estuvo dedicado a analizar las preocupantes circunstancias que se originaron en el balneario de Punta Lara por la falta de guardavidas en las playas, en una situación que obedeció a que, en algunos tramos de la franja costera que se extiende por 19 kilómetros, varios concesionarios privados decidieron, aparentemente por razones económicas, no emplear los servicios de esos custodios. Eso generó el inmediato reclamo por parte de quienes concurrieron a esas playas, suscitándose luego una polémica en la que intervinieron concejales de Ensenada, funcionarios de esa Comuna y los propios guardavidas.
Mientras los concejales aseguraron que la Municipalidad no hace cumplir la ordenanza que obliga a que cada uno de los campings tenga guardavidas, funcionarios de la dirección de Turismo de Ensenada aseguraron que las intimaciones a quienes presentaban condiciones irregulares ya habían sido realizadas y que, de todos modos, se realizarían verificaciones destinadas a comprobar el resultado de esas gestiones y, por consiguiente, la eventual aplicación de sanciones a los concesionarios incumplidores. Desde el municipio se aseguró que, a partir de la primera intimación, se regularizaron entre siete u ocho campings, es decir que habrían decidido apostar guardavidas en las playas de los campings cuya concesión explotan.

Lo cierto es que pudo comprobarse que, en jornadas recientes -muy calurosas y, por consiguiente, con la presencia de muchas personas-, hubo extensos tramos de playa desprovistos de bañeros, en clara contradicción con lo dispuesto por una ordenanza que obliga a los concesionarios de los campings a mantener un servicio de guardavidas y proveerlos de elementos de seguridad y de la indumentaria propia de su función, entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo de cada año. Por su parte, desde el cuerpo de Guardavidas de Ensenada se detalló que la dotación que custodia la seguridad en las playas municipales es de 35 personas, encareciéndose la importancia de que todos los sectores se encuentren perfectamente vigilados. Se reseñó también que el número de visitantes suele superar a los cien mil durante los fines de semana.
A su vez, uno de los concejales aseguró que "no queremos que se repita lo que pasó hace poco en Boca Cerrada, con una persona ahogada por falta de señalización" y, sobre este punto, funcionarios del Ejecutivo afirmaron que "se está llevando a cabo una campaña de señalización desde hace tiempo; hay que tener en cuenta que existe un elevado grado de vandalismo en la zona que hace que nos roben entre dos y tres carteles por semana, y esto repercute en la seguridad".
En términos generales correspondería señalar, una vez más, que el tradicional estado de abandono que exhibe el balneario de Punta Lara -inmerecido por sus cualidades intrínsecas- constituye un signo irrefutable de la falta de políticas que caracteriza a esa zona a lo largo de los años y, también, una prueba de la improvisación con que suele abordarse este tema. Poco o nada le queda a ese balneario del esplendor de antaño, todavía vivo en la memoria de muchos; y poco o nada, tampoco, de las expectativas que se generaron al edificarse hace años las instalaciones de gremios y otras entidades dedicadas a la explotación del lugar. Y no se trata, con esta referencia, de promover la nostalgia, sino de ilustrar la afirmación inicial de que nada se ha hecho para recuperar las condiciones de la ribera y ponerla al servicio de un ajustado programa turístico y de recreación, pautado con rigor profesional, para ponerlo al servicio tanto de la población lugareña como para los muchos que se acercan desde otros ámbitos, y que serían muchos más si no reinara un cuadro de desidia.
En lo específico, resulta absolutamente intolerable que alguien se haya permitido el arbitrio -por así llamarlo- de no apostar bañeros en las playas, no sólo en contra de la reglamentación vigente, sino a contrapelo del mínimo sentido común exigible a una persona que queda al frente de la concesión de un balneario. La municipalidad de Ensenada debiera aquí aplicar, en su caso, la más rigurosa de las sanciones previstas. Si a la precariedad general del lugar, imputable en buena medida a la falta de inversiones y de iniciativas por parte de los concesionarios, se le suman datos tan negativos como el aquí analizado, en donde ni siquiera se evitan los peligros que deben ser evitados a todo trance, pareciera que se ha llegado a un punto más abajo del cual no se puede descender. Es, pues, perentorio que las autoridades responsables extremen sus esfuerzos para actuar con seriedad, a partir de estudios técnicos que permitan delinear metas factibles, de modo que el balneario de Punta Lara potencie sus virtudes, hoy eclipsadas por el desinterés con que ha sido tratado en los últimos años.