La Cámara Penal de La Plata analiza el procesamiento dictado la semana pasada contra el ex Contador General de la Provincia, Angel Sormani; y las ordenes de detención contra una delegada de ese organismo, y de directivos y empleados del IOMA, en la causa que investiga una estafa que se habría cometido mediante el cobro indebido de viáticos en la obra social bonaerense.
Como se sabe, el contador Sormani fue implicado en la causa bajo sospecha de no haber ejercido los debidos controles y dictar una resolución contraria a lo que establece la Ley de Contabilidad bonaerense.

Las capturas -no se concretaron porque los imputados fueron eximidos de prisión- y el procesamiento de Sormani habían sido ordenados por el juez penal de La Plata Juan Carlos Bruni (h), por la secretaría del doctor Eduardo Mazza.
Las órdenes de detención -en suspenso- habían sido libradas contra 22 empleados; el director de región La Matanza, el médico Enrique Casiraghi; la delegada de la esa región, Margarita Pelnar; y la delegada de la Contaduría general de la Provincia, Liliana Taylor.
Sobre esta última funcionaria, ayer los abogados defensores Carlos Irisarri, Flavio Gliemmo y Juan Losinno, presentaron un recurso de hábeas corpus contra el auto de procesamiento y detención.
La causa a hora fue elevada a la Sala III de la Cámara Penal Platense -integrada por los jueces Armando Correa, Alfredo Sanucci y Silva Acevedo- donde ahora se analizarán las actuaciones para resolver el planteo de los defensores.
Como se sabe, a los empleados se les imputó en esta causa el delito de fraude contra la administración pública, mientras que a los directivos ese mismo delito sumado al de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En la investigación surgieron elementos para sospechar que entre 1993 y 1997, un grupo de personas dependientes del IOMA, con asiento en la delegación La Matanza, percibieron viáticos por comisiones de servicio que no habrían realizado, según explicaron fuentes de tribunales.
También detallaron que para concretar esta presunta maniobra delictiva, los imputados habrían adulterado, insertando datos falsos, las planillas de rendición de viáticos.
Para consumar el delito que se investiga, las órdenes de viáticos que generaban las comisiones y las planillas aludidas, habrían sido suscriptas, alternadamente, por el jefe de la delegación, el director o sus reemplazantes ocasionales de la Región La Matanza, superiores inmediatos a aquellos, quienes solicitaban y aprobaban la supuesta realización de las comisiones en cuestión, pese a encontrarse los agentes presentes en las dependencias a su cargo, los días en que aquellas se habrían realizado, según surge del expediente judicial.
Estas irregularidades "habrían podido cometerse" porque la delegada de la Contaduría General de la Provincia, Taylor, "deliberadamente habría omitido controlar la documentación", indicaron las fuentes consultadas.
La funcionaria fue procesada al ser considerada partícipe primaria en el delito de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Bruni también procesó al ex máximo responsable de la Contaduría General bonaerense. En su resolución consideró que Sormani, "el 26 de marzo de 1993, dictó una resolución, para reglamentar las autorizaciones para el gasto y la contabilización de los viáticos que se abonan a los empleados públicos provinciales, la que en uno de sus apartados contrariaría las disposiciones, que en relación a la obligación de control dispone la Ley de Contabilidad de la Provincia".
El ex funcionario fue procesado -sin orden de captura- por los delitos de inclumplimiento de los deberes de funcionario público en forma reiterada y abuso de autoridad.