La interventora del Consejo Provincial del Menor, Irma Lima, calificó ayer como "corporativa y desmedida" la reacción de los jueces y asesores de menores que acudieron a la Suprema Corte de Justicia bonaerense -a instancias del Procurador General, Eduardo De la Cruz-, para anular tres artículos de la nueva ley de Minoridad.
El miércoles pasado, la Suprema Corte decidió suspender parcialmente la aplicación de tres artículos de la nueva ley de Menores provincial que limitaban la "judicialización" de los niños pobres, por considerar que otorgaban al Ejecutivo facultades que -según el máximo tribunal de Justicia- son atribución de los jueces.

Después de reunirse con la presidenta en Argentina del Observatorio Internacional de Prisiones, Graciela Dubrez, la interventora del Consejo afirmó ayer que la decisión de la Corte fue adoptada "con un espíritu bastante corporativo" y señaló que "ha habido una reacción desmedida e inusual, porque ni siquiera se hicieron planteos tan fuertes cuando salió el Código de Procedimiento Penal" bonaerense.
La ex jueza atribuyó los cuestionamientos a "una gran resistencia al cambio" y aseguró que "no todos los integrantes del Poder Judicial están en contra de la ley, ya que ha habido muchos jueces y asesores de menores que nos dieron su apoyo".
La interventora del Consejo del Menor dijo que al hacer lugar al pedido del Procurador De la Cruz -quien en marzo solicitó que se declare inconstitucional a la nueva ley, aprobada a fines del año pasado luego de varios meses de debate-, y suspender la aplicación de los tres artículos, la Corte hará que "la sociedad siga estigmatizando a los niños que el único delito que cometieron es ser pobres".
Por su parte, Dubrez expresó su "inquietud por la resolución" de los artículos que vuelven a poner a los niños bajo la órbita de los jueces y precisó que no comprende esta decisión "cuando con la nueva ley teníamos, por fin, una herramienta válida para 'desinstitucionalizar' a los chicos abandonados".
La presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones sostuvo que la decisión tomada es "incomprensible" y reveladora de "la puja de intereses existentes entre jueces y asesores de menores para favorecer una ley -la 10.067- que no tiene cambios desde 1919".
"El último motín del instituto Aráoz Alfaro terminó con una gran paliza", señaló Durez e ironizó que "no hubo en la puerta de ese lugar un tumulto de jueces y asesores de menores para saber que había pasado allí adentro".
Además, denunció que "los asesores no recorren las comisarías y sin jueces compenetrados con la Convención de los Derechos del Niño este sistema -dictado en la última dictadura por un decreto-ley- no va a funcionar".
Por su parte, Lima detalló que en "la Provincia existen 8.000 niños cubiertos por el sistema asistencialista, en institutos de Menores, y otros 800, en otros edificios, por haber cometido distintos delitos".
La ex jueza de Menores platense reveló que "un niño en el sistema asistencial le cuesta al Estado 2.000 dólares por mes y uno en el sistema penal 4.000, cuando con esa plata se imaginan todo lo que puede hacer una familia" si se permitiera aplicar la nueva ley.
"Esta era una reforma que iba a sacar a los chicos de los institutos, una ley de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño y que no es inconstitucional como la vieja 10.067 que viola toda la estructura legal de la provincia y el país", remarcó Lima.
En relación a la controversia que planteó De la Cruz sobre la posibilidad de que los jueces no intervengan en la etapa administrativa de la atención de un niño en riesgo, la interventora del Consejo explicó que se trata de una "mediación". En ese sentido, remarcó que "ahora, con esta vuelta atrás, si un chico no puede estar en su casa porque su padre es un golpeador, los jueces lo mandan a un instituto, mientras que la nueva ley se encargaba de buscarle un hogar acogedor o un familiar directo como alternativa".
"La separación familiar -detalló- se realizaba por consenso, pero si no había acuerdo, entonces sí, el caso pasaba a la justicia de menores, como cualquier otra mediación".
Lima admitió que la nueva norma tenía "muchos errores por ser una ley de consenso, pero con ella cambiamos el paradigma" con el que se manejaban este tipo de situaciones. En tanto, Dubrez consideró que debe funcionar la nueva ley durante dos años para cambiar la tradición de Argentina.
En una resolución dada a conocer la semana pasada, la Corte bonaerense dispuso con "carácter precautorio la suspensión de la aplicación de la nueva ley en todo cuanto concierne a la potestad atribuida a organismos administrativos para resolver la situación de derechos controvertidos de menores, que continúa supeditada a la resolución judicial".
La doctrina de la Convención, y las normas de la ONU que la acompañan, a las que Argentina adhirió, establecen que no deben ser "judicializados" los casos de niños que necesitan asistencia del Estado, por situaciones como marginación o abandono familiar, pero que no cometieron delito alguno.
La ley cuestionada por el Procurador fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras de la Legislatura en noviembre y publicada en el Boletín Oficial en enero de este año.
La norma establecía que la provincia de Buenos Aires contaría con un fuero especial para Menores y Consejos Municipales para la atención de los derechos de la niñez y la juventud.
La suspensión fue votada con tres votos en favor de declarar toda la nueva ley inconstitucional; tres que sólo rechazaban los artículos cuestionados; tres por la negativa contra el recurso de De la Cruz; y uno de estos en disidencia sobre la legitimidad del Procurador para presentarse en el caso.
La Legislatura provincial deberá formar ahora una nueva comisión para revisar la decisión y derogar la norma con una nueva votación, modificarla o volver a ponerla en vigencia.
El tema, dijo Lima, está en manos de las Asesoría Jurídica de la Provincia, que debe analizar la situación debido a que el Consejo del Menor no es parte en este caso.