Una fiscalía penal platense elevó ayer a juicio oral y público la causa que investigó el violento motín registrado el año pasado en el instituto de menores Almafuerte, donde por espacio de más de cinco horas se vivieron momentos de angustia y tensión, y dos celadores resultaron heridos.
Según dictaminaron ayer los fiscales Daniel Urriza y Jorge Betini, en la causa se reunieron evidencias para acreditar que el 2 de junio del año pasado, cerca de las 17, un grupo de personas que estaba detenido en el pabellón derecho del Almafuerte, entre ellos seis jóvenes mayores de edad -de apellido Cabrera, Díaz, Cabral, Huertas, Martínez y Rivero- "en forma violenta y armados con "facas" y otros elementos punzo-cortantes y contundentes producidos merced a la destrucción de la mampostería y del mobiliario del establecimiento público, así como elementos inflamables y sirviéndose de cables cargados de electricidad aptos en apariencia para efectuar descargas al hacer contacto con seres humanos; retuvieron a los empleados Sergio Aguirre y Oscar Fernández, intentando hacer lo propio con Juan Pablo Desiderio".

También concluyeron que los amotinados actuaron de esa forma con la finalidad de "obligar a las autoridades a otorgarles la libertad de la cual se hallaban privados por disposición de distintos tribunales bonaerenses".
Los magistrados explicaron que los amotinados privaron de la libertad a los empleados para exigirles a los funcionarios policiales y judiciales presentes en el lugar, además de la libertad, que les pusieran a su disposición una camioneta y armas de fuego, bajo la constante amenaza de matar a los rehenes e incendiar el instituto.
En el dictamen también se dio por acreditado que durante el motín los empleados Aguirre y Fernández fueron lesionados por los cabecillas del motín, y que éstos causaron daños en el establecimiento.
Los fiscales indicaron que el hecho investigado configura los delitos de privación ilegal de la libertad, daño y lesiones, y que los seis imputados deben ser juzgados en audiencia oral y pública.
La elevación a juicio ahora será resuelta por el juez de garantías que interviene en el caso.
Cabe recordar, que Todo comenzó cerca de las 17, al parecer por las pésimas condiciones en que se encontrarían los treinta adolescentes allí alojados. Munidos de facas y objetos de fabricación casera, los revoltosos tomaron como rehenes a dos de sus guardias, a quienes le habrían propinado varios golpes, y exigieron la presencia de las autoridades para que atiendan sus reclamos.
Las negociaciones, que finalizaron drásticamente cuando se decidió el uso de la fuerza para terminar con la refriega, fue llevada a cabo por las juezas de menores Gloria Gardella e Irma Lima; el fiscal de turno, Daniel Urriza; el ministro de Seguridad de la Provincia, Ramón Verón; el jefe de la Policía bonaerense, Eduardo Martínez; y el titular de la Jefatura Departamental La Plata, Roberto Savasta.
Después de largas e infructuosas charlas, donde se llegó a proponer el intercambio de los dos rehenes por policías, ya que necesitaban atención médica, más allá de que su estado de salud no revestía gravedad, los representantes judiciales y policiales decidieron ponerle punto final a las conversaciones y ordenar una rápida acción del Cuerpo de Infantería para que reduzca a los menores.
Fue así que varios uniformados, utilizando balas de goma y gases lacrimógenos, con el apoyo de los bomberos, que intentaban con el uso del agua apaciguar los ánimos de los amotinados, en pocos minutos tomaron otra vez el control del Instituto Almafuerte, que se encuentra ubicado en Melchor Romero, al lado de la cárcel de máxima seguridad.
En las inmediaciones, se escucharon fuertes detonaciones y gritos.
El instituto Almafuerte quedó en muy malas condiciones después del motín. Hubo varios principios de incendio y destrozos.