El asesino serial habría sido un invento de una megabanda

Adriana Jackeline Fernández, de 26 años, dejó a sus hijos al cuidado de un familiar y se fue, como casi todas las noches, a la zona de La Perla, en Mar del Plata. Era el 30 de junio de 1996 y la joven pensaba juntar unos pesos trabajando como prostituta. Al otro día, el cadáver descuartizado de la mujer fue encontrado a metros de la ruta 226. Después tuvieron el mismo final trágico María Esther Amaro (35), Viviana Guadalupe Espíndola (26), Patricia Prieto y María Elizabeth Giménez (26). Y jamás se volvió a saber de Ana María Nores (26), Andrea Chávez (25) y Silvana Caraballo (26).
Los casos, uno a uno, fueron conmocionando a Mar del Plata y todo el país. Y enseguida se habló de la posible existencia de un presunto asesino serial, el que fue denominado "El loco de la ruta". Pero las dudas fueron avanzando hasta que, anteayer, el juez de Transición Pedro Hooft, después de varios allanamientos y una investigación que le llevó más de un año, ordenó la detención de diez policías y cuatro civiles y procesó a un fiscal federal, éste último acusado de los presuntos delitos de "falso testimonio y encubrimiento".
Si bien ninguno de los acusados está imputado -al menos por el momento, según se dijo oficialmente- de los crímenes y las desapariciones de prostitutas en Mar del Plata, según el Procurador de la Corte, Eduardo Matías de la Cruz, sería "la punta del ovillo" para esclarecer el complicado caso. Y fue más allá: dijo que hablar del "Loco de la ruta" fue sólo un "divertimento de la banda".

LO QUE SE DESCUBRIO
En rigor, lo que se habría descubierto -siempre de acuerdo a la versión que maneja la justicia- es la presunta existencia de una banda mixta que se dedicaría a la explotación de mujeres que eran obligadas a pagar una cuota semanal para ejercer la prostitución. Hasta ayer, el juez Hooft -que focalizó la investigación en las desapariciones de Nores, Chávez y Caraballo- había detenido a los subcomisarios Norberto Pastor, de la seccional Séptima, y Daniel Iglesias, de Narcocriminalidad; al suboficial mayor retirado Armando Aranda; los sargentos ayudantes Miguel Valledor, también retirado, y Linés Ayala, destinado en Necochea; al sargento Oscar Lizarraga, en disponibilidad por otra causa; y del suboficial Alberto Iturburu. Mientras que otros tres continuaban prófugos.
Entre los civiles acusados -tres de los cuales ya están detenidos- se encontraría una mujer llamada Pilar de las Mercedes Peralta Zamora, que está sospechada de regentear un prostíbulo marplatense. La mujer no fue capturada y se encontraría en Miami, según se informó.
Nores, Chávez y Caraballo, a diferencia de las prostitutas que fueron mutiladas, trabajaban en el mismo cabaret, cuya dueña supuestamente era Peralta Zamora. Por eso la investigación se centró en saber qué había en común entre estas mujeres. Después de algunos meses de recibir testimonios y cotejar informes, los especialistas de la Policía Judicial llegaron a la conclusión de que las tres "querían dejar de trabajar para ese cabaret"; ahora se sospecha que ésa decisión fue letal para ellas.

INTERROGANTES
Desde que se conocieron los crímenes y se habló de la existencia de un posible psicópata, policías y funcionarios judiciales analizaron muchas hipótesis. Hubo varios sospechosos y se hicieron gran cantidad de allanamientos. Ahora, con el nuevo paso que ha dado el juez Hooft se presentó un nuevo interrogante: ¿jamás existió el 'Loco de la Ruta' o bien los casos de las mujeres mutiladas y las desapariciones son dos episodios distintos? Por el momento, la pregunta no tiene respuesta.
Además, los procedimientos realizados en las últimas horas tuvieron un ingrediente que le agregó más polémica al caso. El juez procesó y citó a indagatoria al fiscal del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Marcelo Héctor García Berro. Y la causa se convirtió en un escándalo.
La resolución en la que Hooft imputa a García Berro señala en uno de sus párrafos: "...queda semiplenamente acreditado que el fiscal hacía pública ostentación de su condición de fiscal federal, trasladándose permanentemente por la zona roja de prostitución con su vehículo con patente oficial judicial, que le es asignada en razón de su cargo". El escrito indica además que García Berro "utilizaba en forma asidua líneas telefónicas asignadas al Poder Judicial de la Nación (Fiscalía Federal, Tribunal Oral Federal) y desde teléfonos particulares (celulares y fijos) mantuvo comunicaciones frecuentes con distintos prostíbulos de la ciudad". Finalmente, dice que las pruebas "permiten inferir una conexión importante que va más allá de la eventual utilización de servicios sexuales ajenos al objeto de la presente causa, pero al menos prima facie demostrativa (...) de una omisión dolosa a los mencionados deberes inherentes a su función o cargo".
También en esta causa, al menos en principio, quedó en evidencia cómo funcionaría la conexión entre policías y dueños de agencias de acompañantes. A partir de la investigación judicial, quedó al descubierto una aceitada estructura que operaría en la costa atlántica que, como se dijo, manejaría el negocio de la prostitución.