El juez de Garantías de La Plata Néstor de Aspro hizo lugar al pedido de detención -aunque los eximió de prisión bajo fianzas- de ocho de los 90 imputados en la causa que investiga una presunta defraudación al Estado provincial, que sería millonaria, mediante la confección y cobro de cheques por viáticos y horas extras que al parecer no se realizaban.
Fuentes judiciales revelaron que anoche el magistrado hizo lugar a los pedidos de captura formulados por la fiscalía contra los ex funcionarios de Educación Jorge Dewey, Claudio Speicys, Alberto Horacio Aispuru, Andrés Ibarra y Roberto Ipoutcha.
El juez De Aspro sostuvo en su resolución que los citados funcionarios serían autores responsables de los delitos de "falsedad ideológica de instrumento público y fraude contra la administración pública", indicaron los voceros consultados.
Fuentes de tribunales precisaron que sin embargo el magistrado hizo lugar a los pedidos de eximición de prisión, bajo fianzas de 10.000 pesos para cada uno de los citados ex funcionarios.
También indicaron que en la resolución se hizo lugar a las detenciones de Gustavo Soulé (empleado de la sucursal del Banco Provincia de calle 46) y de los supervisores de esa entidad bancaria, Horacio Do Porto y Mario Raúl Abdo, pero fueron eximidos de prisión bajo cauciones de 5.000 pesos cada uno, por los delitos antes señalados, en carácter de partícipes primarios.
Los fiscales de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC) La Plata, Carlos Argüero y Esteban Lombardo, habían solicitado además las detenciones de 82 empleados de Educación y de otros organismos del Estado provincial asignados en comisión, pero el juez no hizo lugar al requerimiento, al considerar que no está probada, a esta altura de la investigación, que hayan participado o sido autores de las presuntas maniobras defraudatorias.
Como se sabe, en esta causa, la UFIC investiga un supuesto desvío de fondos de la cartera educativa entre los años 1999 y 2001 -durante la gestión como titular del citado organismo bonaerense de José Octavio Bordón- mediante la emisión de cheques por horas extras y viáticos que no se efectivizaban.
Según los investigadores, la estafa habría ocasionado un desvío de fondos de un millón y medio de pesos anuales.
El caso comenzó a investigarse el año pasado, cuando un funcionario de la Dirección de Escuelas se presentó en el Banco de la Provincia de Buenos Aires para cobrar 137 cheques extendidos a nombre de docentes de esa cartera, por un monto global de 125 mil pesos.
Iniciada la investigación se constató que los nombres de los docentes eran reales, pero sus domicilios eran fraguados, por lo que se presentó la denuncia correspondiente. Luego esa denuncia fue ampliada por Bordón.
Los voceros consultados destacaron que los fiscales dictaminaron, para pedir las detenciones, que "las liquidaciones y los pagos reiterados de horas extras eran creados artificialmente, a nombre de diferentes empleados de Educación y de otras reparticiones de la administración pública bonaerense -que estaban en comisión-, algunos de los cuales conocían y no ignoraban la maniobra, mientras que en cambio hay otros que ignoraban el ardid y serían ajenos al hecho que se investiga".
"Para los fiscales, en la investigación se pudo acreditar que las personas que estaban al tanto de las presuntas estafas cobraban los haberes inventados con tarjeta en cajeros automáticos, pero los sueldos de los que no sabían nada eran cobrados mediante cheques de pago con la complicidad de empleados y funcionarios del Banco Provincia", señalaron las fuentes.
La presunción firme de los investigadores judiciales es que en niveles intermedios de Educación se ordenaba liquidar viáticos y horas extras a nombre de docentes que efectivamente figuran en los listados de personal; y se emitían los cheques de pago de esos servicios (por montos dispares) pero los docentes nunca se enteraban de la existencia de esos cheques a su nombre y alguien los cobraba todos juntos en el Banco Provincia.
También se sospecha que algunos empleados, asesores y sindicalistas cobraban sueldos por montos elevados que les eran asignados mediante fuertes liquidaciones de horas extras y viáticos inventados. Este grupo sería el que estaba en conocimiento y era beneficiario de las presuntas maniobras.