El abogado del denominado "Caso Beratz", el que mantiene pendiente la Corte Suprema para decidir si redolariza los depósitos, presentó ayer ante el alto tribunal un pedido de "pronto despacho" para que "sin más trámite" resuelva la causa con los conjueces designados para tal fin.
Fabián Bergenfeld, patrocinante de la ahorrista Mirta Beratz, que pide despesificar un depósito de 13 mil dólares, solicitó por escrito al tribunal que defina la causa ya que "corresponde dictar sentencia definitiva en estas actuaciones con la intervención de los ministros y de los conjueces con los que quedó integrado el tribunal".
Para el abogado, el expediente debe resolverse en razón de que ya ha trascendido el dictamen del Ministerio público y que ya han sido designado los conjueces que reemplazaron a los ministros que estaban excusados en la causa.
Bergenfeld consideró que la Corte debe resolver con los jueces sustitutos Santiago Kiernan y Edgardo Bello que se convirtieron en jueces naturales de este proceso, antes de nombrarse a Juan Carlos Maqueda, "independientemente del resultado de la recusación" que promovieron contra este juez.
Maqueda que asumió para reemplazar a Gustavo Bossert, el 30 de diciembre pasado, fue recusado por su intervención en la ley de Emergencia Económica que terminó con la intangibilidad de los depósitos.
En ese sentido, el letrado agregó que "la eventual renuncia y sucesivo nombramiento inmediato de ministros por parte del Poder Ejecutivo alteraría indefinidamente la constitución del tribunal atentando contra el principio de la división de poderes".
En la presentación se recuerda que los conjueces que se nombraron en reemplazo de los ministros que estaban excusado de intervenir en esta cuestión, Enrique Petracchi, y Gustavo Bossert fueron designados por sorteo el 12 de diciembre.
El denominado "caso Beratz" está a la espera de un fallo desde el año pasado junto con el del ahorrista chubutense Miguel Acerbo -pide mantener en dólares un plazo fijo de un millón de pesos- y el de la provincia de San Luis por el cual se pide despesificar un depósito de 247 millones de dólares.