LA HAYA, Holanda.- Habituada a la discreción, la familia real holandesa es sacudida desde hace varias semanas por una disputa entre la reina Beatriz y su sobrina, la princesa Margarita de Borbón Parma, un conflicto que empieza a tener repercusiones políticas y judiciales.
El Parlamento holandés debatía al cierre de esta edición la "cuestión Margarita", como la denomina la prensa del país, en tanto la princesa y su marido presentaron una demanda judicial contra el ex primer ministro Wim Kok porque los servicios de información holandeses los investigaron a pedido de los colaboradores de la reina.
El escándalo estalló en febrero pasado, cuando la revista HP/De Tijd publicó una serie de entrevistas con la princesa Margarita, en la que ésta reprochaba a la familia real que rechazara a su marido, Edwin de Roy Van Zuydewijn, y ensuciara su reputación a fin de empujarla a separarse de él.
La pareja protestaba por su exclusión de los acontecimientos familiares, como la boda del príncipe heredero Guillermo Alejandro con la argentina Máxima Zorreguieta y los funerales del príncipe consorte Claus.
El caso, aunque inhabitual en Holanda, donde la familia real es una institución respetada y relativamente discreta, hubiera podido no ir más lejos. Limitándose a un comunicado en el que afirmaba "no reconocerse" en las declaraciones de la princesa, la familia de Orange optó por el silencio "por amor a Margarita".
Pero la princesa siguió ajustando cuentas con su familia, acusando a la reina Beatriz de "abuso de poder" y afirmando que ella y su marido fueron puestos bajo escucha telefónica, que la declaración de rentas de su marido fue objeto de un control especial y que ambos fueron investigados por los servicios secretos holandeses antes de casarse. "La reina debe pedirnos disculpas públicamente", declaró Roy. Después de haber tratado de restarle importancia al asunto, el primer ministro Jan Peter Balkenende debió asumir sus responsabilidades frente a las acusaciones hechas contra la reina. En efecto, en Holanda, el primer ministro asume la responsabilidad política de las acciones de la soberana, que oficialmente es la jefa de Estado.