Las 37 universidades públicas del país podrían cerrar sus puertas el 26 de marzo próximo en reclamo de lo que les adeuda el gobierno nacional en concepto de gastos operativos del presupuesto de los años 2001 y 2002.
La decisión de llevar adelante una protesta general fue adoptada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todas las universidades. La modalidad de reclamo no fue definida todavía, aunque se maneja la posibilidad de que el sistema suspenda todas sus actividades ese día.
Un vocero del rectorado de la UNLP informó ayer que todavía no se ha adoptado una decisión en ese sentido para La Plata y que hay opiniones divididas sobre la suspensión de actividades en los colegios y facultades. Como se sabe, un día después de la protesta, los docentes de los colegios planean realizar un paro por 48 horas en reclamo del pago de cuotas atrasadas del incentivo docente.
Las universidades le reclaman al gobierno la transferencia de alrededor de 300 millones de pesos correspondientes a partidas para gastos generales. La Universidad Nacional de La Plata tiene pendiente -según sostienen sus autoridades- alrededor de 12 millones de pesos. Esta semana la Nación efectuó la transferencia de 600 mil pesos que adeudaba desde mediados del año pasado.
Al malestar por las deudas se sumó en los últimos días el dictado del decreto 435, por el cual se quitan 50 millones de pesos del presupuesto universitario que había sido votado por el Congreso Nacional. El secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese, afirmó que el Ministerio "está tratando de devolver ese dinero a las universidades". Los rectores también cuestionaron la decisión de otorgar un subsidio de seis millones de pesos a las universidades de Lanús y Tres de Febrero, a lo que Pugliese respondió que "fueron decisiones tomadas fuera del ámbito educativo".
El titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Daniel Malcolm, dijo ayer que "a partir de ahora el diálogo seguirá abierto con el Ministerio de Educación, pero hay mucha inquietud entre los rectores y tenemos la obligación de atender todos sus reclamos".