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Condenaron a Spadone por vender leche contaminada

Dos años y medio de prisión en suspenso y una multa. La misma pena a otros dos procesados

20 de Noviembre de 2003 | 00:00
El empresario menemista Carlos Spadone fue condenado ayer a dos años y medio de prisión en suspenso y al pago de una multa por la venta de leche adulterada que el Estado, durante la primera presidencia de Carlos Menem, iba a destinar a un programa de alimentación materno infantil.

La sentencia, dictada por la Cámara Criminal Federal porteña, impuso la misma pena a otros dos procesados, en todos los casos por el delito de defraudación a la administración pública nacional con la contratación, en 1991, de 2 millones de kilogramos de leche en polvo para embarazadas y menores desnutridos.

Spadone, presidente, y Néstor Osvaldo Lorenzo, gerente general de la empresa "Summum", fueron condenados como "autores" de fraude agravado, mientras que Carlos Eugenio Santunione, encargado de los establecimientos donde se fabricaría la mercadería comprometida, fue considerado "partícipe necesario" del delito.

El ex asesor presidencial Miguel Angel Vico estuvo involucrado en la causa bajo la imputación de "negociaciones incompatibles con el desempeño de cargos públicos" por su supuesta vinculación con Summum, pero hace años fue desvinculado del sumario.

La adquisición del producto, aconsejada entonces por el director nacional de Maternidad e Infancia, Eduardo Duro, para la asistencia alimentaria de jurisdicciones provinciales con grupos de mayor vulnerabilidad biopsicosocial, se realizó mediante la "contratación directa" 49/91, debido a las urgencias a atender.


ABSOLUCION Y APELACION

En setiembre de 2002, Spadone, Lorenzo y Santunione habían sido absueltos de culpa y cargo por el juez federal de primera instancia Jorge Ballestero, pero la resolución fue apelada por el fiscal federal Luis Comparatore.

El recurso tuvo el apoyo del fiscal ante la Cámara Federal, Ricardo Sáenz, para quien las irregularidades, "entrega de leche en polvo de diferente calidad a la exigida", quedaron "comprobadas" durante la instrucción del sumario penal.

La causa, que tramita con las reglas del "viejo" Código Procesal Penal -por eso la condena no la dictó un tribunal oral- la inició en diciembre de 1991 el fallecido dirigente socialista Simón Lázara, quien denunció la "venta de leche en mal estado" al Ministerio de Salud y Acción Social.

Los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun afirmaron que, así, "la consignación en el envase de la composición química porcentual, mes y año de elaboración" es "antojadiza" ya que "no habiendo la adjudicataria fabricado la leche, nunca pudo determinar con exactitud tales rubros".

Agregaron que otras firmas lácteas no pudieron intervenir en la contratación porque el Ministerio descartó escuchar ofertas que incluyeran la adquisición de leche en el exterior para su posterior fraccionamiento en el país.

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