Unos 250 piqueteros del Conurbano nucleados en la Corriente de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón se movilizaron ayer a la Gobernación y al ministerio de Seguridad bonaerense con los rostros cubiertos con pañuelos y portando palos y caños, en lo que constituyó la primera movida de ese tipo tras la orden del fiscal platense Marcelo Romero a la Policía para que les pida identificación y la entrega de los palos a quienes manifiesten en esas condiciones.

La Policía cumplió con la primera de esas instrucciones cuando los manifestantes bajaron de los trenes en la estación de La Plata. Allí le indicó a los dirigentes de la movilización que si no se descubrían los rostros y entregaban los palos y otros elementos contundentes que llevaban algunos militantes, se exponían a ser procesados por "intimidación pública".

Pero los piqueteros decidieron desarrollar la marcha en la forma habitual y, según pudo observarse, la Policía filmó a los manifestantes encapuchados desde ventanas del primero piso de la Gobernación primero y luego en la calle, en inmediaciones del ministerio de Seguridad, mientras que la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó ayer un recurso de hábeas corpus preventivo en contra de la orden del fiscal Romero.

Por lo demás, la protesta piquetera se desplegó con cortes de calles que volvieron a generar serios inconvenientes al tránsito vehicular en áreas del casco urbano de nuestra ciudad, desde el mediodía, cuando arribó a la Gobernación, hasta las cinco de la tarde, cuando los manifestantes volvieron a abordar los trenes hacia el Conurbano.

RECLAMO POR UNA MUERTE

La manifestación de la Corriente Aníbal Verón tuvo como finalidad acompañar el reclamo de los padres de un militante de esa organización, Gustavo Trillo, quien murió el año pasado en Monte Chingolo, partido de Lanús, en un episodio que ha sido denunciado como un caso de "gatillo fácil" de la Policía bonaerense.

En ese crimen -Trillo, que tenía 21 años, murió de un tiro en la espalda el 26 de mayo de 2003- estarían involucrados cuatro policías que entonces se desempeñaban en la comisaría sexta de Lanús, según plantearon los padres del joven asesinado, Sergio Trillo y Francisca Gauto, al ministro de Seguridad de la Provincia, león Arslanián, quien los recibió en su despacho alrededor de las tres de la tarde.

Al término de ese encuentro, Nicolás Lista, dirigente de la CTD Verón dijo a este diario que "la reunión duró media hora y el ministro les pidió tiempo a los padres de Gustavo Trillo para ocuparse de la situación de los policías involucrados en el crimen, ya que uno está preso pero los otros tres están en actividad, dos de ellos sumariados", y acotó que "nos aseguró que muy probablemente estos efectivos serán separados de la Policía".

Consignó además que "también en la reunión los padres solicitaron la aceleración de la causa y un pronto juicio a los responsables de esta muerte, pero sobre éso Arslanián expresó que esta cuestión ya es un tema del área de Justicia".

HABEAS CORPUS

Por otra parte, como se dijo, el diputado provincial por Izquierda Unida e integrante de la CORREPI, León Zimerman, presentó ayer ante el juez de Garantías de nuestra ciudad Néstor De Aspro un recurso de hábeas corpus preventivo contra la orden del fiscal Romero referida a los piqueteros que marchen encapuchados y con palos.

El planteo judicial fue fundado en que "el derecho de reunión y de petición a las autoridades es de los más caros al sistema democrático y republicano; y su cercenamiento previo al hecho, amenazando con persecución penal a quien se movilice, y exigiendo la obtención de imágenes fotográficas o fílmicas, que implican una inaceptable violación a la intimidad de las personas, es inaceptable bajo cualquier circunstancia y habilita esta vía extraordinaria, puesto que se pone en riesgo la libertad de quienes, sin estar cometiendo delito alguno, se nieguen a identificarse o a ser fotografiados o filmados sin causa suficiente".