El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense disparó ayer, formalmente, durísimas críticas contra los funcionarios del Ejecutivo provincial en medio de la polémica desatada por la detención de menores en comisarías. La entidad afirmó, a través de una declaración escrita, que "el poder político denuncia aquello de lo que es exclusivo responsable" y que esta problemática "no se resuelve con exabruptos sino con políticas públicas".

La entidad salió así en defensa de los jueces de Menores que habían sido denunciados por el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Cafiero, por presunto incumplimiento de sus funciones. Y tras un plenario de sus directivos que se realizó en nuestra ciudad, subrayó que "la detención de menores de edad en comisarías constituye una violación flagrante de las Constituciones nacional y provincial que algunos funcionarios advierten tardíamente".

Además, los magistrados se terminaron encontrando con un imprevisto aliado oficial: el ministro Arslanián. Casi copiando los fundamentos de la entidad que agrupa a los jueces, el titular de Seguridad subrayó que "no vamos a seguir llevando menores a las comisarías porque de esa manera se viola la Constitución", por lo que propuso "tomar medidas drásticas para terminar con un problema del cual es responsable el Estado provincial".

En cambio más cauto fue el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, quien mostró alguna medida concreta. "El Servicio Penitenciario donó la alcaidía del distrito de Malvinas y el 50% de las plazas en la de Ituzaingó para alojar menores", anunció.

La reacción de los magistrados se produjo después de que Cafiero presentara una denuncia en la Procuración de la Corte para que se investigue si 12 magistrados incurrieron en "mal desempeño de funciones", al considerar que esos jueces "violaron normas constitucionales y de jurisdicción internacional al haber dispuesto la privación de libertad de personas que son inimputables", que terminaron alojados en comisarías.

La denuncia había generado reacciones personales de algunos jueces de Menores que responsabilizaron al Ejecutivo provincial por el alojamiento de menores en comisarías. Así, afirmaron que si la Provincia no construye institutos "es hipócrita" denunciar que están detenidos en dependencias policiales y cargaron duro contra Cafiero, considerando que actuó por "ignorancia o mala fe".

"HACER POLITICA CON TODO"

Pero ayer el Colegio de Magistrados se pronunció orgánicamente. "Los jueces de Menores no han dispuesto en ningún caso la internación de menores en sede policial y esta situación aberrante ha motivado la denuncia sistemática por parte de los magistrados del fuero", sostuvo. Además, recordó que "desde el 2001 el Poder Ejecutivo viene ignorando el reclamo de la Justicia que, a través de la Suprema Corte, solicitara la habilitación de establecimientos adecuados para el alojamiento de los menores".

Además, en alusión a Cafiero, la entidad rechazó "categóricamente las actitudes de quienes anteponen sus destinos personales a las responsabilidades asumidas ante los ciudadanos. No pueden ni deben aceptarse las maniobras tendientes a ocultar la propia incapacidad, deslindando responsabilidades e intentando presionar a los integrantes de un Poder independiente".

"No se puede hacer política con todo", agregó el Colegio y precisó que "debilitar a la Justicia provoca inevitablemente la desprotección de los más débiles".

En ese contexto, el titular del Colegio, Alejandro Aispuro, señaló que "la situación que Cafiero denuncia es de exclusiva responsabilidad del poder político. La detención de menores en comisarías es una clara violación a la Constitución y esta situación se genera a partir de la falta de políticas claras respecto a la minoridad y, también, a la falta de respuestas a inquietudes de la propia Justicia, requiriendo la creación de establecimientos en cantidad y calidad necesarias".

ANTECEDENTES

El disparador de esta confrontación fue una resolución de Arslanián que prohibió el alojamiento de menores en las comisarías, como reflejo a la muerte de tres menores en una seccional de Quilmes.

En consonancia con esa decisión, la Corte emitió una resolución en la que le exigió al Ejecutivo la habilitación de lugares adecuados para los menores, evitando el alojamiento de los adolescentes en las comisarías.

Pero la capacidad de alojamiento de los institutos de menores está saturada, según se admite oficialmente. Los jueces aseguran que los jóvenes que son detenidos terminan en las comisarías por la falta de plazas en esos organismos dependientes del ministerio que conduce Cafiero, mientras que este ministro sostiene que en muchos casos los jueces ordenan detenciones e internaciones de menores que "no corresponden y violan las leyes".