El Tribunal Superior de Justicia porteño rechazó ayer el pedido del jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, para convocar a un referendo revocatorio de su mandato sin la necesidad de acreditar las firmas correspondientes al 20 por ciento del padrón electoral metropolitano.

Así lo confirmaron fuentes del tribunal porteño, que además indicaron que los miembros del cuerpo siguieron el criterio del fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, José Luis Mandalunis, quien ya se había opuesto al pedido de Ibarra.

La determinación judicial obliga ahora al gobierno de Ibarra a impulsar la recolección de 520 mil firmas de ciudadanos porteños que posibiliten la convocatoria al referendo, pero los plazos podrían estirarse varios meses.

NO ALCANZA A TELERMAN

En este escenario, tras cuatro horas de análisis el tribunal también rechazó el pedido de un ciudadano porteño para que se extienda el pedido de revocatoria de mandato para el vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman.

El Tribunal Superior de Justicia porteño se pronunció en base al dictamen del fiscal Mandalunis, para quien el pedido de Ibarra "desnaturaliza el esquema de participación" y afecta "los derechos políticos del resto de la ciudadanía".

La semana pasada el Tribunal había hecho lugar al planteo de tres organizaciones no gubernamentales y abrió el trámite del referendo por revocatoria de Ibarra por mal desempeño de sus funciones tras el incendio en el boliche "República Cromañón".

Pero cuando el Tribunal se aprestaba a entregar las planillas para la recolección de firmas, Ibarra se presentó para solicitar que se saltee ese requisito previo y se agilicen los tiempos para someter directamente a la ciudadanía a un referendo obligatorio y vinculante para determinar su permanencia en el cargo.

Ibarra sostuvo en sus argumentos que el requisito de la recolección de firmas fue previsto en la Constitución porteña para proteger los derechos del funcionario cuyo mandato se pretende revocar y "para que su actividad no esté sometida, caprichosamente, a eventuales maniobras de minorías contumaces".

El jefe de Gobierno explicó que podía renunciar a esa garantía porque él mismo presta su consentimiento para que se concrete la revocatoria de su mandato por referendo.

Sin embargo, el fiscal Mandalunis consideró un "error" que se interprete "la exigencia de la firma del veinte por ciento de los electores como garantía exclusiva del derecho del funcionario a permanecer en funciones".

LOS FUNDAMENTOS

"El referéndum de revocatoria de mandato es una de las formas previstas para asegurar la participación de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos; y cuando esos derechos se ejercen para revocar un mandato se lo hace tanto en el período de recolección de firmas como -de superarse el piso del veinte por ciento- durante el referéndum", se explayó.

Según el fiscal, al seguir el esquema propuesto por Ibarra se afectarían "los derechos políticos" de quienes quieren participar en el impulso de la iniciativa para lograr convencer al veinte por ciento del electorado y "no pueden hacerlo en la forma prevista por la constitución".

Según el fiscal, esto es así porque "directamente pasarían a participar en una votación en la que tendrán que confrontar con los que sostienen la permanencia del funcionario, es decir, en una verdadera campaña electoral".

El fiscal consideró que perjudicaría también a quienes no quieren la revocación del mandato del funcionario "y por ello no estarían dispuestos a que se los someta a una participación obligatoria cuando no se sabe si realmente existe el sujeto político habilitado para provocarla, esto es, el veinte por ciento de las voluntades".

"Considero que la recolección de firmas, es un requisito constitucional previsto para el adecuado ejercicio de los derechos políticos de toda la ciudadanía, tanto de quienes quieren remover al funcionario por revocatoria popular, como quienes no lo desean. No hay un solo titular que pueda disponer unilateralmente de esos derechos", concluyó Mandalunis.