La afirmación de una jueza de Menores de la ciudad cordobesa de Villa María de que estudiaba la posibilidad de sancionar con penas de cárcel o multas a los padres que mandaran a sus hijos a mendigar a la calle o a realizar ventas ambulantes, generó polémica.

Las afirmaciones de la magistrada cordobesa se dan en un país en donde la mitad de sus chicos viven en la pobreza y se considera que en los últimos años en el país se sextuplicó la cantidad de chicos que trabajan o mejor dicho, que colaboran en sostener su familia, generalmente numerosa y con niños muy pequeños. El último trabajo conocida indica que en el país de 250 mil menores que trabajaban se pasó a 1.500.000. En el Gran La Plata se considera que el 25% de los cartoneros son menores.

Dos juezas de Menores de La Plata consultadas, las doctoras Inés Siro y Gloria Gardella sobre el tema, plantearon una mirada totalmente distinta a la de la magistrada cordobesa, acentuando la problemática de la pobreza extrema y la necesidad de dar respuestas más de fondo. La doctora Irma Lima, ex jueza y ex interventora de Menores en nuestra Provincia coincidió en general con la decisión tomada en Villa María aunque reclamó una solución más abarcativa que de respuestas a las necesidades de las familias.

EL CASO DE VILLA MARIA

La jueza de Menores de Villa María, doctora Cecilia Fernández, que ratificó ayer a la mañana su decisión en el programa de Magdalena Ruiz Guiñazú, aseguró que estudia aplicar sanciones, que van desde multas a la pérdida de la libertad por un tiempo determinado, para los padres que manden a sus hijos a mendigar o a realizar trabajos.

Contó que la situación en realidad comenzó el año pasado cuando se aplicó un programa a través de la Municipalidad, denominado "Yo también" que logró sacar a los chicos de las calles. Pero a principios de enero esa situación se había revertido. El programa incluía un compromiso por escrito de los padres ante el Juzgado de Menores de que no permitirían que sus hijos volvieran a la calle.

Pero, según aseguró la magistrada, en los últimos días la situación volvió a ser lo que era antes y las calles céntricas se llenaron de chicos que venden diferentes productos, mendigan o limpian los parabrisas de los autos en los semáforos.

"He visto que nuevamente hay chiquitos limpiando vidrios en algunas esquinas. En el trabajo conjunto de contención que hicimos con la Municipalidad habíamos acordado que si los chicos volvían a la calle, íbamos a tomar desde el Juzgado otro tipo de medidas", puntualizó. En ese sentido, agregó que "la ley prevé que estos papás que explotan a sus hijos puedan ser sancionados con pena privativa de la libertad o con multas".

"Hasta ahora (a esa ley) no la aplicamos nunca, porque tratamos de ver si se corregía la situación. Pero no tengo ningún problema de hacerlo en caso de que estos papás incumplan", afirmó la magistrada.

DEBATE DESDE LA PLATA

Las doctoras Siro y Gardella aclaran que no opinan sobre el caso particular por desconocerlo, sino que se refieren a situaciones similares que se dan en nuestra región. Siro, a cargo de uno de los juzgados de Menores de La Plata, reconoce que "la ley desgraciadamente vigente, efectivamente prevé sanciones pero habría que comprobar antes, caso por caso porque nunca se puede generalizar, si incurren en abandono de persona como para que puedan perder la patria potestad. Pero no se estaría atacando el problema de raíz que es social. Al seguir vigente la ley de Patronato nos toca a los jueces de Menores atender causas sociales, algo que no queremos, porque lo que deseamos es actuar dentro del Derecho. Hay que devolverle al Ejecutivo que atienda los problemas sociales que son su responsabilidad, no la nuestra".

Es coincidente la doctora Gardella y agrega que la respuesta posible aquí sería la de institucionalizar al chico, lo que podría convertir a la resolución, en un mal mayor. "Pero antes habría que preguntarse si es eso el camino correcto, porque los padres viven también en la pobreza extrema, son producto de esa pobreza y también trabajan en la calle. Desde ya que el trabajo infantil está prohibido y que hay que impedir que trabajen los chicos y que sus familias los contengan. Pero sancionarlas no es la solución. ¿Se las va a multar? ¿Quién va a pagar la multa porque ellos no pueden? Por eso hay que buscar una solución más de fondo que involucre a las familias y eso es rol del Estado, no de la Justicia, porque no hay que sancionar sino dar soluciones. Además cabría al estado preguntarse hasta dónde es responsable de esa realidad".

Para la doctora Irma Lima, de vasta experiencia en Minoridad, "la postura de la jueza de Villa María es correcta. Pero no puede independizarse de la ayuda que se brinda a la familia. Porque esos chicos que mendigan o venden chucherías en la calle ayudan a sostener la familia y a veces son ellos los que la sostienen. Muchos salen con sus madres que los cuidan, pero van los chiquitos porque la gente reacciona distinto y tienen mayor posibilidad de que les den algo o les compren que si va un adulto. Es la pobreza extrema la que lleva a eso. Por eso no habrá salida con las sanciones sino hay decisiones de fondo. Porque hay que plantearse qué hacer y dar soluciones más profundas y para eso está el Estado".