El gobierno bonaerense analiza la presentación ante la Suprema Corte de un recurso de reposición para poder poner en marcha la nueva ley de Minoridad suspendida por el alto tribunal. El planteo sería formalizado entre y hoy mañana, según confiaron a este diario fuentes del Ejecutivo provincial.

La Corte, por considerar que existe una serie de imprecisiones en cuanto a la puesta en práctica del nuevo sistema y "situaciones no resueltas que pueden comprometer su operatividad inmediata", dispuso en los últimos días suspender la puesta en vigencia de la norma, con lo que seguirá aplicándose la vieja ley de Patronato sancionada durante el último gobierno militar.

Pero ayer pudo saberse que la Provincia, a través del ministerio de Desarrollo Humano y la Asesoría de Gobierno, analiza la presentación del recurso con el propósito de que la Corte revise su decisión.

El pronunciamiento del alto tribunal se produjo a partir de una presentación de la procuradora María del Carmen Falbo, que había solicitado el dictado de una medida cautelar sobre algunas cláusulas transitorias incluidas en la norma. Pero la Corte, al acceder parcialmente al pedido, consideró que debía suspenderse la aplicación de la totalidad de la ley al sostener "que no resulta plausible una vigencia que no sea la del conjunto" de la iniciativa votada por la Legislatura a fines de diciembre pasado.

Falbo había señalado en su presentación ante la Corte que "en tanto el Poder Ejecutivo no designe la autoridad de aplicación, y estructure los organismos administrativos centrales y locales, como así también dicte la reglamentación pertinente y asigne los recursos imprescindibles en la forma que la propia ley dispone, su entrada en vigencia pone en situación de desprotección a los niños y jóvenes de la Provincia que vean violados o amenazados sus derechos".

En ese marco, el gobierno bonaerense elevará un informe a la Corte en el que dará cuenta de todas las medidas que ya tiene en marcha para poner en marcha la nueva ley. Y, además, hará reserva del caso federal para acudir, si el tribunal provincial no le da la razón, a la Corte nacional.