El Consejo de la Magistratura decidió suspender en su cargo al juez federal Juan José Galeano por un período de 180 días y someterlo a un Jury de Enjuiciamiento, a raíz de las "irregularidades" cometidas durante la investigación por el atentado terrorista contra la AMIA.

El plenario del Consejo de la Magistratura aprobó ayer por 16 votos contra uno el dictamen acusatorio contra el juez, que quedó automáticamente suspendido en su cargo mientras se sustancia el juicio político en su contra por presunto "mal desempeño" de sus funciones.

La decisión del Consejo provocó el beneplácito de un grupo de familiares de víctimas del atentado a la mutual judía y ex acusados de haber integrado la denominada "conexión local" que permitió el ataque, quienes presenciaron el plenario desarrollado en la planta baja del edificio de los Tribunales porteños.

El pedido de juicio político contra Galeano fue aprobado por los consejeros Eduardo Orio, Luis Pereira Duarte, Beinutz Szmuckler, Juan Minguez, Marcela Rodríguez, Marcelo Kipper, Juan Gemigniani, Humberto Quiroga Lavié, Joaquín Da Rocha, Carlos Prades, Victoria Pérez Tognola, Ricardo Gómez Diez, Lino Palacio, Jorge Yoma, María Lelya Chaya y Juan Pichetto.

UN VOTO EN CONTRA

El único voto en contra -que propuso que se postergara la votación hasta que la Cámara de Casación se expida sobre el fallo del Tribunal Oral que absolvió a los acusados de integrar la "conexión local" del ataque- provino del juez federal de Salta Abel Cornejo.

"Las irregularidades no son sólo atribuibles al juez y debemos asumir el compromiso de investigar hasta las últimas consecuencias a todos y cada uno de los que tuvieron las más mínima responsabilidad", afirmó el senador Prades, quien estimó que "éste es el punto de partida de un cambio sustancial que recupere la fe y la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial".

A su turno, la diputada Rodríguez sostuvo que la aprobación del juicio político a Galeano "es una señal muy fuerte" en contra del juez, mientras que el representante del Poder Ejecutivo Da Rocha criticó el hecho de que las irregularidades que se le achacan al magistrado "frustraron la investigación de los hechos más horrendos que debió soportar la Nación".

Los consejeros rechazaron también una serie de impugnaciones presentadas ayer por el juez Galeano, quien señaló que no pudo ejercer adecuadamente su defensa ante la Comisión de Acusación y que necesitaba más tiempo para poder analizar todos los cargos formulados en su contra.

Al tomar la palabra, los consejero Minguez y Toma insistieron en que durante la instrucción del expediente "se preservó el derecho de defensa del juez Galeano" al punto que -dijeron- se "sobreactuaron" las garantías del debido proceso porque "teníamos la obligación de que se debatiera hasta el último punto".

El dictamen acusatorio contra Galeano fue elaborado por los consejeros Szmuckler y Rodríguez, quienes acusaron al juez por un total de 13 cargos por supuesto "mal desempeño" de sus funciones.

El cargo central en el que se basó la acusación fue el pago clandestino de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín previo a que declarara y acusara a ex policías bonaerenses de haberse llevado de su domicilio la camioneta Trafic que fue usada para volar la sede de la AMIA, en 1994.

UNA OPERACION "PLANIFICADA"

Los consejeros acusaron al juez de haber "planificado" esa operación con el acusado a través de reuniones "informales" que eran filmadas con equipos instalados en el juzgado con el propósito de que Telleldín imputara a los policías liderados por el ex comisario Juan José Ribelli de haberse llevado la camioneta.

Además, los consejeros acusaron al juez de haber abierto durante los casi diez años que instruyó la causa legajos paralelos en el expediente que eran "secretos" para ciertas partes del proceso y de haber "destruido medios de prueba", tales como videos clandestinos en los que supuestamente negociaba con Talleldín el pago del dinero.

También se le recriminó haber "coaccionado" a testigos "para obtener información incriminante hacia algunos de los imputados, bajo amenaza de acusarlos por delitos menores que habrían cometido", haber intervenido en forma "ilegal" teléfonos de abogados defensores y el abandono de la investigación en cuanto a determinadas hipótesis como la denominada "pista siria".

El dictamen había sido presentado en diciembre último, dos semanas después de que Galeano terminara su extenso descargo ante la Comisión de Acusación que escuchó su defensa por más de 40 horas.