El jefe del bloque de diputados de la UCR, Horacio Pernasetti, y la legisladora del ARI Laura Mussa coincidieron ayer en asegurar que los jueces federales se oponen a la modificación del Código Penal porque esa medida afectó su práctica "corporativa" y los obliga a acelerar los juicios.

"Reaccionó la corporación judicial, porque la modificación del artículo 67 (del Código Penal) pone sobre la mesa su propia inoperancia", sostuvo Pernasetti y agregó: "No hay razón para que las causas prescriban si los jueces ponen empeño".

De esa forma, el jefe del bloque radical salió a responder a los cuestionamientos de varios magistrados federales que acusaron a los legisladores de favorecer la prescripción de causas en las que se investigan delitos de corrupción.

Por su parte, Mussa sostuvo que la "reacción de los jueces federales fue orquestada por (Roberto) Durrieu, que fue funcionario de la última dictadura".

"Hay principios, como la igualdad ante la ley y como la certeza del tiempo que puede durar una causa, pero este último no se podía cumplir porque el Código Penal hablaba de que se podía interrumpir la prescripción por 'secuelas del juicio'", indicó Mussa.

CRITICAS AL CAMARISTA CAVALLO

Por su parte, el titular de la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, el radical Hernán Damiani, acusó al camarista Gabriel Cavallo de decir "verdades a medias" y defendió la modificación al Código Penal.

"Se la ha dicho a la sociedad que la clase política se puso de acuerdo para conceder una amnistía política, pero la realidad es que este camarista se ha dedicado a cajonear expedientes para lograr su propio ascenso", enfatizó Damiani tras presentar una cuestión de privilegio durante el debate en la Cámara baja.

Damiani no dudó en definir a los jueces federales que criticaron la modificación como los "jueces de la servilleta que han utilizado sistemáticamente estas causas emblemáticas como reaseguro para negociar con el poder político".

PROMETEN CAMBIOS

Por su parte, el empresario Juan Carlos Blumberg aseguró ayer que el Gobierno nacional se comprometió a introducir cambios en la controvertida reforma hecha al Código Penal para evitar que se produzcan prescripciones en numerosas causas penales.

"El problema es que pueden prescribir muchos casos y no podemos mandar a archivo 25 mil causas, donde hay delitos muy importantes, como corrupción", advirtió Blumberg.

El titular de la Fundación Axel hizo estas declaraciones luego de haberse reunido el martes en la Casa Rosada con el presidente Néstor Kirchner; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; y el ministro de Interior, Aníbal Fernández.

Blumberg sostuvo, en la misma línea, que "el Gobierno va a trabajar en los juzgados con la Oficina Anticorrupción para apelar cualquier medida" que implique la prescripción de causas en trámite.

Este mismo compromiso lo había asumido el martes el titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rosas, quien dijo que desde el organismo que conduce pugnará para que la aplicación de la norma no sea retroactiva, sino "hacia futuro".

La modificación, que eliminó varias de las causales de interrupción de la prescripción y que fue votada en un rápido trámite parlamentario, se aplica a causas en las que se investigan homicidios, robos, violaciones, secuestros y corrupción.

Entre las causas más resonantes que prescribirían antes de esta primavera se encuentran la omisión de una cuenta bancaria en Suiza del ex presidente Carlos Menem y la investigación por el depósito en el exterior de las regalías petroleras de Santa Cruz.

En este escenario, y tras una fuerte discusión pública en la que los penalistas no se ponen de acuerdo sobre los verdaderos alcances de la ley, Blumberg dijo que "lo importante ahora es cómo solucionar este problema".

"Entre las causales de interrupción de la prescripción habría que agregar cosas como la prisión preventiva, la orden de captura, la rebeldía y los pedidos de extradición", puntualizó Blumberg en declaraciones radiales.

En este sentido, indicó que "se va a preparar una lista" de las acciones procesales que deberían interrumpir el cómputo de la prescripción, con la que colaborará Roberto Durrieu, presidente del Colegio de Abogados de capital federal.