Entre los proyectos que están a punto de ser tratados en la Cámara de Diputados de la Nación figura uno de especial importancia: el que apunta a reforzar las herramientas para combatir la evasión previsional, otorgándole -con este propósito- mayores poderes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

La evasión previsional ha alcanzado niveles alarmantes en el país y representa un perjuicio para el Estado, por un lado, pero también para millones de trabajadores que -a veces sin saberlo- sufren el virtual "robo" de sus aportes jubilatorios.

El proyecto que se encamina a discutir la Cámara de Diputados habilita a la Justicia a imponer hasta 6 años de prisión a quienes no cumplan con estos aportes. Esa medida representaría un avance para reducir la evasión previsional y establecería una sanción proporcional a la magnitud del delito que supone tal incumplimiento.

La iniciativa ha sido enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo y otorga nuevas facultades a la Afip, que sumadas a las que ya tiene el organismo recaudador, permiten establecer controles más severos a los pagos de la seguridad social, para disminuir la alta morosidad que existe en la actualidad.

Según los últimos datos oficiales, durante el período enero-mayo de este año fueron observadas por morosidad en los aportes laborales 265 mil empresas por un total de 267 millones de pesos, sobre 469 mil compañías inspeccionadas.

De acuerdo con la iniciativa, la Afip podrá calcular de oficio los aportes que debe realizar el empleador moroso, pero sólo se tendrán en cuenta esas presunciones en caso de inexistencia de prueba directa, y siempre dejando abierta la posibilidad de que se pueda presentar una prueba en contrario.

Además, el proyecto establece penas de dos a seis años de prisión para los empleadores que descuenten los aportes y no realicen el depósito en un plazo de diez días hábiles desde su vencimiento, siempre que esta suma sea superior a 10.000 pesos.

Idéntica pena tendrá el agente de retención o percepción de los Recursos de la Seguridad Social que no deposite total o parcialmente, dentro de los 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los 15.000 pesos.

En el proyecto se fija que las empresas que contraten a cooperativas de trabajo formal serán responsables solidarios por el pago de los aportes de las contribuciones de la seguridad social.

Todas son herramientas que apuntan en la misma dirección: bajar la evasión previsional y proteger, de ese modo, el aporte de millones de trabajadores. Cabe esperar que, en el corto plazo, puedan verse los primeros resultados.