La suspensión de Aníbal Ibarra y el inicio de un juicio político en su contra también rozan al Gobierno nacional, pese a que el presidente Néstor Kirchner buscó siempre mantenerse alejado de los alcances de la tragedia no natural más grave de la historia argentina.

Pero esa actitud presidencial no tuvo muy en cuenta la magnitud de la tragedia -por la cual murieron nada menos que 194 personas- ni el fenómeno social que trajo aparejado, que significó una profunda mirada autocrítica respecto de las precarias condiciones de seguridad que rigen en la sociedad argentina.

El comportamiento que adoptó Kirchner -que ayer recibió más críticas de familiares- en torno al "Caso Cromañón" fue primero interpretado como una estrategia electoral, puesto que Ibarra había ganado la segunda vuelta a Mauricio Macri con apoyo oficialista y la Casa Rosada se jugaba una parada brava -como quedó comprobado- en las recientes elecciones legislativas.

Sin embargo, pasadas las elecciones -en las que el Frente para la Victoria quedó tercero después de Macri y de Elisa Carrió-, el Gobierno dio claras señales de respaldo a Ibarra e instruyó a sus legisladores porteños para que no votaran el inicio de un juicio político contra el jefe de Gobierno.

El operador político de esta estrategia fue el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien además presentó con "bombos y platillos" la incorporación a las filas oficialistas de Eduardo Lorenzo "Borocotó", pese a que el médico había logrado ingresar a la Cámara de Diputados por las listas macristas.

La jugada de Fernández -que contó con el aval de Kirchner, a juzgar por la foto que el Presidente se sacó con Borocotó- terminó siendo un boomerang político para la Casa Rosada, que sigue sin poder hacer pie en un distrito clave como capital federal.

EN EL PLANO PORTEÑO

En el plano estrictamente porteño, la suspensión y el próximo enjuiciamiento de Ibarra -quien hoy habría recibido un llamado telefónico desde Santa Cruz- deja a la administración metropolitana en estado de crisis.

Consciente de esta situación, el vicejefe Jorge Telerman -que asumirá la conducción mientras Ibarra siga suspendido- ratificó puertas adentro a la totalidad del Gabinete y pidió a cada uno de sus integrantes que sigan adelante con la gestión.

Sobre el juicio político en sí mismo, según pudo saberse, Ibarra buscará apurar los plazos para ser juzgado antes del 10 de diciembre, cuando tendrá que renovarse la Legislatura porteña con los diputados que fueron elegidos el último 23 de octubre.

La razón parece clara: la composición de la próxima Legislatura será más desfavorable que la actual para el jefe de Gobierno, puesto que las últimas elecciones fueron ganadas ampliamente por referentes opositores en capital federal.