Ferrobaires: no se aclara un insólito robo a la Provincia

La desaparición de doce motores de locomotoras que pesan más de mil kilos cada uno aún es un misterio. A casi 18 meses del increíble episodio, y habiendo testigos que aseguran haber presenciado el momento en que se llevaron esas maquinarias, en la causa penal abierta todavía no hay imputados. Y a esto se suma el desinterés de la empresa Ferrobaires -un ente del Estado bonaerense-, que está ausente en el proceso judicial, a pesar de su carácter de propietaria de los elementos robados que, obviamente, son bienes públicos.

Hace casi un año y medio se iniciaba la investigación penal por el robo de los 12 motores de locomotoras que estaban depositados en los talleres que Ferrobaires posee en Maldonado, una localidad de los alrededores de Bahía Blanca, a unos 7 kms. de esa ciudad.

De la causa nº 80.001, a la que tuvo acceso EL DIA, se desprende que, como se dijo, aún no hay ningún procesado por el delito y que la empresa estatal jamás se presentó en el proceso. Ni siquiera se agregó a la investigación judicial el sumario administrativo efectuado por el ente a raíz del robo, a pesar de que hace un año, al terminarse ese expediente interno, se había afirmado que iba a ser elevado a la justicia.

Asimismo, surge de la causa penal que los motores no fueron recuperados ni hay indicios de que ello pueda ser posible.

Vale recordar que la denuncia del robo fue radicada por quien aún permanece como Jefe del Taller de Maldonado, Oscar Mario Domínguez. Según consta en la causa, los motores -de una tonelada cada uno- fueron sustraídos de "un depósito de almacenamiento cerrado con candado, sin que se hubieren observado señales de violencia". Y los trabajadores citados por la Justicia como testigos dejaron en claro que los elementos robados eran de "mucho valor", aunque ninguna de las fuentes consultadas se animó a ponerles precio.

AUSENCIA DE AUTORIDADES EN EL PROCESO

En la causa, que se sigue en la Fiscalía nº 4 de Bahía Blanca a cargo de Claudia Lorenzo, se pudo verificar que el único contacto de las autoridades de la empresa pública ferroviaria de pasajeros o de funcionarios de la Provincia con el expediente fue un pedido de fotocopias de las actuaciones.

La solicitud fue presentada por un abogado el pasado 23 de setiembre -a casi un año y medio de iniciada la investigación- y hasta el jueves último la copia no había sido retirada. Voceros judiciales consideraron que "no entendemos cómo la empresa no se presentó como particular damnificado, éso le otorgaría un rol más importante en la etapa actual" de la investigación.

Y en ese marco, se verificó que -como se dijo- no figura en la causa judicial el sumario administrativo efectuado en Ferrobaires por el hurto de los motores, aunque el subsecretario de Servicios Públicos de la Provincia -de quien depende el ente ferroviario-, Luis Sanguinetti, había anunciado en setiembre del año pasado que el sumario estaba "concluido" y que iba a ser elevado a la Justicia para que lo anexara a la causa.

En aquella oportunidad, el funcionario había dicho también que "se ha instruido al Departamento Legal para que inste a la Fiscalía de Estado de la Provincia a que ésta solicite, en la Fiscalía penal de Bahía Blanca interviniente, la declaración indagatoria del agente despedido, y profundice la investigación acerca del destino del material faltante".

Sin embargo, como se dijo, en la causa no constan ni ésas ni otras presentaciones de autoridades de Ferrobaires o del gobierno de la Provincia.

VENTA DE CHATARRA Y EL ROBO

La denuncia fue realizada el 1º de junio de 2004 y desde entonces la carátula es "Domínguez Oscar, sobre hurto simple". Del proceso no ha surgido hasta ahora ningún imputado, aunque fuentes calificadas de la fiscalía interviniente señalaron que "la investigación sigue adelante y hay pistas firmes, pero todavía debemos esperar".

Lo que si está acreditado en el expediente es que Ferrobaires comercializaba chatarra, que era adquirida por terceros; operaciones que, al cabo, habrían "facilitado" el robo de los motores de las locomotoras. Según Edgardo Ricci, Coordinador de Maldonado, esas ventas se realizaban con el objetivo de "afrontar gastos en la mejora del taller". La tonelada se vendía a 81 pesos, según figura en más de una decena de recibos agregados a la causa, la mayoría firmados por Ricci, en representación de la empresa.

La línea investigativa, a partir del testimonio de Humberto Ramírez -agente de la comisaría 5º de Bahía Blanca- apunta a demostrar que, durante una carga de chatarra, en uno de los camiones que se llevaban esa "mercadería" se habrían también llevado los motores.

El policía Ramírez contó que "el día del hecho había dos camiones en el lugar, uno de los cuales se retiró sin cargar nada. Usando un zampi (autoelevador) cargaron en el otro camión unas bobinas (motores), que no recuerdo si eran cuatro o seis. El que comandaba la operación era Ricci (padre)". El testigo se refirió así a Rodolfo Ricci, entonces Coordinador del Area Mecánica del Taller y ahora jubilado, quien también le habría confiado al testigo que "la chatarra iba a Buenos Aires".

La declaración de Ramírez -"determinante" según voceros judiciales- sería la que defina la causa. Pero los investigadores aún deben aguardar la declaración de un oficial de la Policía. Si este ratifica a Ramírez, la fiscal podría imputar por el delito a un empleado de Ferrobaires, al menos en esta etapa de investigación.

Pero, pese a esa pista, hasta ahora nunca hubo novedades sobre el destino de los motores y, según se estima en la Justicia, "recuperarlos es casi imposible, ya sea porque los están usando o porque los pueden haber fundido. La única alternativa es que aparezca alguien con un dato certero del destino que tuvieron".

"¿CORTINA DE HUMO?"

Otro elemento que la Justicia tiene para impulsar la causa en el mismo sentido es la declaración de Benjamín Gacene, Jefe de Almacenes en Maldonado. Aunque ese empleado, según surge del expediente, estaba de licencia el 31 de mayo cuando se produjo el robo, afirmó que "en esa jornada se cargó chatarra".

Pero además Gacene señaló una operación que la Justicia también tendría en la mira, con el objetivo de profundizar la investigación: "Todo este malentendido -añadió el testigo- resulta una cortina de humo para encubrir verdaderos hechos de corrupción en perjuicio del servicio ferroviario perpetrado año tras año y década por década, por la dirigencia que llevó al ferrocarril al actual Estado".