Mientras que el pedido de aumento salarial que realizaron los gremios estatales bonaerenses parece destinado a discutirse, en el mejor de los casos, con la definición del Presupuesto 2006, ayer la paritaria que integran funcionarios y sindicalistas terminó disparando otra discusión: la recategorización de los empleados del Estado provincial; un tema para el que Gobierno propone establecer dos condiciones: que los agentes aprueben evaluaciones y que haya vacantes.

No es un debate menor. Ocurre que desde hace más de una década el gobierno provincial no dispone ascensos de categorías para sus trabajadores porque no aplica la ley 10.430 que establece los mecanismos de "progreso" para los empleados en el Estado. Los sucesivos estados de emergencia que rigieron en la Provincia fueron el argumento esgrimido para que virtualmente los empleados quedaran "congelados" en sus categorías de revista.

Esta situación hizo que los trabajadores no pudieran ascender en el escalafón y, como inmediata consecuencia, tampoco lograran aumentar sus ingresos al margen de los incrementos salariales generales que dispone el gobierno.

Y ayer en la paritaria el tema se reflotó cuando entró en discusión un proyecto de ley que apunta a titularizar a unos 730 jefes de departamento y subdirectores interinos que, ante la falta de concurso, fueron ascendidos "a dedo" en la administración pública. Se trata de agentes que fueron designados por disposiciones de las distintas reparticiones, para cumplir funciones jerárquicas a pesar de que no cuentan con categoría para desempeñarlas.

Ahora la discusión pasa porque algunos gremios como Upcn y los nucleados en Fregepba pretenden que sean titularizados en la categoría que les corresponde por la función que cumplen. Así, lograrían un ascenso automático y efectivo. No obstante, tendrían en el futuro que concursar para seguir en la función de subdirectores y jefes de departamento.

Pero Ate se opone a esta medida y en todo caso, reclama que de adoptarse una decisión de esa naturaleza, sea abarcativa de la totalidad de los empleados públicos de la ley 10.430 -unos 100.000- que también se vieron impedidos de concursar; postura esta última en la que coincidirían los otros gremios.

UN PROYECTO EN DANZA

La idea de titularizar a estos 730 agentes es impulsada desde el gobierno provincial como una medida excepcional porque se sostiene que "la culpa de que estén en esa situación es del propio Estado".

Frente a esto, Ate se mostraría proclive a avalar el proyecto pero con la promesa de que la medida se vaya derramando sobre el resto de los estatales "aunque sea en etapas, empezando por quienes están por jubilarse", indicó el dirigente Julio Ortellado.

Pero la cuestión promete generar no pocas discusiones porque el Estado provincial considera que disponer ascensos tal como lo plantea la ley actual "generaría un colapso presupuestario y en poco tiempo más el Estado volvería a entrar en emergencia". En síntesis: la Provincia no está en condiciones -se asegura- de disponer cambios de categorías en forma casi automática porque implicaría una mejora salarial global muy difícil de atender.

Así, la Provincia propone una "nueva" carrera administrativa. "Queremos un nuevo modelo de carrera que sea plausible y que establezca ciertas condiciones para los ascensos como procesos de evaluación y selección y que existan las vacantes", indicó ayer la subsecretaria de Gestión Pública, Claudia Bernazza.

"Ya ningún país postula la promoción automática de sus empleados", acotó la funcionaria al cuestionar los mecanismos marcados para los ascensos en la ley 10.430.

Así, la discusión en la paritaria de pronto viró de la cuestión salarial a los de los ascensos. Dos cuestiones que, en el fondo, tienen relación con los ingresos de los trabajadores del Estado provincial.