Delitos sexuales: La reinserción social, en el centro del debate

Los casos recientes de violación en el barrio porteño de Núñez reactivaron un debate pendiente en la sociedad sobre la condena que deberían cumplir los delincuentes sexuales y su reinserción social, cuestionada por algunos profesionales que sostienen que son irrecuperables.

Médicos, psiquiatras, abogados y especialistas en género, coinciden en que los delincuentes sexuales deben cumplir con la condena que se les impone, sin salidas anticipadas, por ejemplo, por buena conducta.

No obstante, las posiciones se contraponen con respecto a la reinserción social, ya que hay profesionales que plantean que bajo la supervisión adecuada es posible su reinclusión, mientras que otros se oponen en forma tajante porque, según afirmaron, los delincuentes sexuales no son recuperables y vuelven a reincidir.

Para el sexólogo del cuerpo médico forense Juan Carlos Romi, los tratamientos de recuperación son inciertos. "En 40 años de trabajo no he visto personas que se curen de esto -afirmó-. Por eso pasa lo que pasa cuando se los deja en libertad".

"Un violador tiene un patrón de conducta que es muy difícil de modificar -explicó el especialista-. Vincula el placer con la violencia. Son personas que se sienten inferiores sexualmente y necesitan reafirmar su minusvalía sometiendo a sus víctimas que, en general, son mujeres o chicos porque son más débiles".

Para Romi, la reinserción social no es posible y la buena conducta que puedan presentar los delincuentes sexuales en prisión, no es señal de cambio ni de recuperación.

"Son personas que tienen un comportamiento socialmente aceptado, pero cometen el delito de violación como manifestación de un placer oculto", precisó.

Abogada penal, especialista en delitos sexuales y violencia, Silvia Weksell también es partidaria de la reclusión perpetua. "Un violador con buena conducta, a la mitad de la condena está afuera y vuelve a violar", afirmó.

Weksell patrocina la Asociación Víctimas de Violación (AVIVI), una organización civil que en sólo dos años recibió a unas 3.700 víctimas a las que brinda asesoramiento psicológico y jurídico.

"Los violadores tienen que ser recluidos en instituciones especiales, porque no son delincuentes ordinarios y no es posible reinsertarlos en la sociedad", señaló.

AVIVI impulsa la creación de un registro público de violadores. "Si usted tiene un vecino que violó, tiene derecho a saberlo", dijo Weksell, si bien destacó que la sanción social tampoco impide que el delincuente perpetúe los abusos.

LOS LIMITES SOCIALES

Distinto, en cambio, opina Ana María Cabanillas, profesora adjunta de la cátedra de Psicología Forense I de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y asesora de la Defensoría General de la Nación, quien sostiene que "la cárcel no sirve para nada".

"No me parece que la cárcel sea una forma de modificar este tipo de conductas", dijo Cabanillas, partidaria de métodos alternativos como la laborterapia y un régimen progresivo de reinserción social.

"La privación de la libertad es una puesta de límites", explicó la psicóloga y, a contramano de sus colegas, aseguró que si bien no hay garantías de que los delincuentes sexuales reincidan en el futuro, "en mi experiencia, no vuelven a hacerlo, porque no hay mucha reiteración en el violador".

Desde la Dirección General de la Mujer del Gobierno porteño, en tanto, su titular, Carmen Storani, señaló que el 60 por ciento de las víctimas de delitos sexuales fue atacada en la vía pública por desconocidos.

"El que cometió un delito tan deleznable como es el de la dominación absoluta sobre otro, no puede estar impune y tiene que cumplir condena", enfatizó.

Storani señaló que "hay que tener un sistema de rehabilitación y tratamiento a nivel carcelario y postcarcelario" e indicó que una vez cumplida la condena, ningún violador debería salir en libertad sin un tipo de seguimiento.

EN AMERICA

Mientras tanto, la posibilidad de instaurar la pena de muerte para violadores es un debate que se ha instalado en sociedades como la peruana, la boliviana o la chilena, en tanto que en México representantes de partidos de la derecha llegaron a presentar proyectos en los que proponen la castración para este tipo de abusadores.

En Perú, un grupo de legisladores ha puesto nuevamente en debate la inclusión de la pena de muerte como la máxima sanción para quienes violen a menores de edad. La iniciativa es respaldada por familiares de las víctimas agrupados en la Asociación de Lucha Contra los Violadores. Para avanzar en esta iniciativa, Perú tendría que renunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que no permite ampliaciones en las causales de pena de muerte luego de su firma.

En Bolivia, después del asesinato de una niña ocurrido a mitad de año, autoridades gubernamentales y administradores de justicia analizan el endurecimiento de penas, en el marco de la revisión del nuevo Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, mientras que en Chile, gran parte de la sociedad de manifestó en diferentes foros de opinión a favor de la pena de muerte, por considerar, fundamentalmente, que las penas que se aplican para los violadores son muy leves.