Antes de disponer cualquier tipo de medida de fuerza, los gremios estatales bonaerenses estarán obligados a entablar una negociación con el gobierno provincial para garantizar los "servicios esenciales para la comunidad". Y en ese marco podrían ser obligados a la suspensión temporaria de las protestas o directamente a abstenerse de aplicarlas. Esta posibilidad que, cuando fue planteada verbalmente, ya generó resistencias en los sindicatos del sector, está ahora taxativamente incluida en el proyecto de ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de los empleados públicos de la Provincia que la administración de Felipe Solá se apresta a enviar a la Legislatura.

Según el texto de iniciativa al que este diario tuvo acceso, el gobierno provincial aspira a que sean "materia obligatoria de negociación las cuestiones vinculadas con los servicios esenciales para la comunidad". Y dispone que, para ello, se utilicen las siguientes alternativas:

* "La suspensión temporaria de la aplicación de las medidas que originan el conflicto".

* "La abstención o limitación de las medidas que pudieren afectar la prestación de servicios esenciales".

* Además se podrá obligar a los gremios a establecer "servicios mínimos" cuya prestación deba ser garantizada durante la realización de las medidas de acción directa, notificando con "una anticipación de cinco días al ministerio de Trabajo las guardias mínimas" a prestar.

El proyecto no establece cuáles son esos "servicios esenciales", pero se descuenta que las prestaciones en los hospitales y las escuelas estarán incluidas y también se habla de incorporar a la dirección de Rentas a pedido del ministerio de Economía, ya que así fue planteado por funcionarios en las conversaciones previas.

En todas estas áreas, entonces, los paros ya no podrían tener la masividad con que se desarrollaron durante este año, ya que la intención oficial es recortar el margen de maniobra de los gremios en ese sentido.

Es por esa causa que los sindicatos que participaron de la última reunión paritaria donde el gobierno provincial informó que enviará el proyecto a la Legislatura, anticiparon que se opondrán a esta decisión que algunos sectores, como la Asociación de Trabajadores del Estado, creen que apunta "restringir el derecho de huelga".

OTRAS DISPOSICIONES

La otra cuestión en la que avanza el proyecto oficial y que también generó resistencias entre los gremios, tiene que ver con la creación de un "órgano imparcial" que será el encargado de intervenir en los conflicto ante la falta de acuerdo entre el gobierno bonaerense y los sindicatos.

Los gremialistas pretenden darle el carácter de "tribunal arbitral" a esta estructura prevista pero nunca puesta en práctica en la Constitución bonaerense. Así, tendría una mayor jerarquía y facultades más precisas, según dicen los gremios estatales. Pero la Provincia por ahora sólo habla de un "órgano". De todas formas, este tema quedó para analizar más adelante, ya que si bien está incluido en el proyecto, su creación demandará la aprobación de una ley específica.

Mediante el sistema de Convenciones Colectivas, el Estado y los gremios discutirán diversas cuestiones laborales, tanto las vinculadas a lo salarial como a la prestación de servicios y condiciones de trabajo, como por ejemplo horarios, vacaciones y licencias.

Sin embargo, el Ejecutivo deja a salvo en el proyecto una cuestión medular: los acuerdos salariales o cualquier otro relacionado con las condiciones económicas de la prestación de empleo, "deberán basarse en normas legales y presupuestarias, cargos y horas cátedra". De esta manera, toda cuestión que se discuta relacionada a estos temas tendrá indefectiblemente los límites que marque el presupuesto provincial.

Y es más, la Provincia refuerza esa decisión en otro artículo del proyecto. Es al hablar de que las partes "estarán obligadas a negociar de buena fe", lo que, según la iniciativa, implica "el reconocimiento de normas legales y presupuestarias, disponibilidad de cargos y horas cátedra".

También el Ejecutivo se reserva la posibilidad de rechazar los acuerdos a los que se arriben cuando no respeten "las normas de orden público y las sancionadas en protección del interés general".

El proyecto deberá ser ahora analizado por la Legislatura. Y los gremios ya plantearon que irán a la carga para que se modifique el artículo que, aseguran, podría terminar restringiendo el derecho de huelga.