El proyecto de ley del gobierno bonaerense que apunta a establecer restricciones a los paros que realicen los empleados públicos de la Provincia en los ámbitos que sean considerados "servicios esenciales", fue rechazado por distintos sectores gremiales, desde los que se calificó como inconstitucional a la iniciativa.

Mientras el ministro de Trabajo Roberto Mouillerón salió en defensa del proyecto y comparó a los conflictos gremiales con "la guerra", el secretario general del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, dijo que la iniciativa "no es constitucional" y sostuvo que el gobierno bonaerense "ha intentado, no sólo ahora sino durante estos años, tomar caminos equivocados fuera de la ley que no han resultado beneficiosos para la Provincia ni para los trabajadores".

Baradel recordó asimismo que la CTERA logró en su momento que la Justicia declarara "inconstitucional" un decreto del ex presidente Fernando de la Rúa que determinaba la prestación de servicios esenciales durante los paros.

Sobre el proyecto de ley de Convenciones Colectivas de Trabajo que impulsa el gobierno provincial, señaló que forma parte de "actitudes absolutamente hipócritas de algunos funcionarios que intentan cortar el hilo por lo más fino".

Baradel desmintió además que, como afirmó el ministro Mouillerón, el proyecto haya sido elaborado con la participación de la mayoría de los gremios que forman parte de la administración pública bonaerense.

El dirigente dijo que los docentes no participaron de las discusiones para la elaboración del proyecto que será enviado a la Legislatura y recordó que en su momento habían "consensuado" una iniciativa con el ex director general de Cultura y Educación Mario Oporto, que "no contemplaba" limitaciones para las huelgas.

Por su parte, el titular de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) bonaerense, Claudio Palermo, también rechazó el proyecto porque, según afirmó, "limita el derecho a huelga".

El dirigente de la agrupación que lidera el kirchnerista Luis D'Elía advirtió que la FTV realizará "todas las medidas necesarias contra la iniciativa" y adelantó que van a "llevar esta oposición a la Legislatura para que el proyecto no prospere", afirmando que "es un proyecto anacrónico y peligroso, que responde a los intereses de las grandes empresas y no a los de los trabajadores" y afirmó que el ministro Mouillerón "responde a las grandes corporaciones y a los intereses de su jefe político, el gobernador Solá, que van en contra de los intereses del gobierno de la Nación por crear una Argentina diferente".

DEFENSA DEL PROYECTO

El ministro de Trabajo bonaerense defendió el proyecto que será enviado a la Legislatura y dijo que la intención "es hacer que cuando haya paro se cumplan con los servicios esenciales, algo que también está establecido en la ley".

Mouillerón sostuvo que la iniciativa respeta el derecho a huelga establecido en la Constitución nacional y a la vez el hecho de que "no se pueden dejar de prestar" servicios "que son esenciales".

Además, el ministro dijo que "en estas cosas (los conflictos con los empleados) hay que prepararse para la paz y para la guerra, y hasta las guerras tienen normas de funcionamiento".

Según establece el proyecto, los gremios bonaerenses deberán "garantizar la prestación de servicios esenciales" durante las medidas de fuerza que realicen. Afirmó en ese sentido que en la iniciativa "se deja aclarado que el cumplimiento de servicios esenciales deberá ser pautado por las partes antes de llegar al paro".

La intención del gobierno de Solá es definir de manera explícita cuáles serán las prestaciones públicas que se encasillarán como "servicios esenciales" y en las que aspira a ubicar, entre otros, a la Educación, la Salud (por los hospitales) y la recaudación de impuestos (Rentas).

Si prospera el proyecto de ley, antes de disponer cualquier tipo de medida de fuerza los gremios estatales bonaerenses estarán obligados a entablar "una negociación" con el gobierno provincial para garantizar los "servicios esenciales para la comunidad".

También se establece la alternativa de obligar a los sectores en conflicto a la suspensión temporaria de las medidas ó directamente a abstenerse de aplicarlas.