El gremio ATE y la entidad que nuclea a los profesionales de los hospitales se sumaron a las críticas contra el proyecto de ley con el que el gobierno bonaerense impulsa restringir los alcances de los paros que los empleados públicos de la Provincia realicen en ámbitos que sean considerados "servicios esenciales".

La propuesta del gobierno de Solá cosechó así nuevos rechazos, a pesar de que el ministro de Trabajo Roberto Mouillerón afirmó que el proyecto de Convenciones Colectivas de Trabajo -que será enviado el próximo mes a la Legislatura- había sido acordado con casi la totalidad de los gremios que representan a estatales bonaerenses.

A los cuestionamientos que un día antes había lanzado el gremio docente Suteba, que calificó como inconstitucional la propuesta del gobierno de Solá, ayer se sumó el rechazo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) "a cualquier tipo de reglamentación del derecho de huelga".

También se mostraron en contra del proyecto los profesionales de los hospitales -que serían alcanzados directamente por la medida, ya que el sector de la salud sería uno de los "servicios esenciales" en los que se limitarían las medidas de fuerza-, quienes señalaron que se trata de "una medida inconsulta" por parte del gobierno provincial.

CRITICAS A UN MINISTRO

En un comunicado difundido ayer, ATE negó "de manera rotunda" haber dado su respaldo a la reglamentación del derecho de huelga que impulsa Solá y recordó que "históricamente" ha adherido "a los criterios sustentados por la OIT" en esa materia.

El gremio que nuclea a parte de los estatales bonaerenses aclaró que su "postura filosófica" es que "son los propios trabajadores los únicos capaces de tomar los resguardos necesarios para que en el marco de medidas de fuerza no se vean afectados ni la salud ni se ponga en riesgo la vida de la comunidad".

A modo de ejemplo, citó los conflictos registrados en los hospitales Garrahan y Posadas, el Instituto Malbrán, el Senasa y "en muchos organismos nacionales más, durante las últimas dos décadas", en los cuales "se tomaron todos los recaudos -afirmó- para no afectar a la comunidad".

El comunicado resaltó que "ese criterio también está plasmado en las cláusulas de los diferentes convenios firmados por ATE en estos años".

Por su parte, el secretario de Organización de ATE, Julio Ortellado, calificó como "desafortunadas" la comparación que el ministro Mouillerón hizo entre los conflictos laborales y las guerras.

El titular de Trabajo había dicho que "en estas cosas (los conflictos con los empleados) hay que prepararse para la paz y para la guerra, y hasta las guerras tienen normas de funcionamiento".

Ortellado recordó que "la última vez que desde el Estado se habló de guerra, desaparecieron 30 mil compañeros, de los cuales casi el 70 por ciento eran trabajadores" y afirmó que "desde ATE no aceptaremos de ningún modo que se utilicen los argumentos de la última dictadura militar para limitar el derecho constitucional de los trabajadores de expresarse a través de la protesta".

El dirigente gremial destacó que "sería muy conveniente que el gobierno provincial también considerara como 'esencial' el recurso humano del Estado y no sólo esgrima la 'esencialidad' de algunos servicios, de los que poco se ocupa, para restringir los derechos de los trabajadores".

RECHAZO DE MEDICOS

Por su parte, los profesionales de los 77 hospitales públicos bonaerenses, nucleados en la Cicop, también afirmaron que no fueron consultados para la redacción del proyecto y expresaron sus "discrepancias y oposición con la medida".

El titular de la Cicop, Jorge Yabkowski sostuvo que "los 10 mil profesionales de la salud provincial fueron excluidos de las paritarias por el gobernador Solá, por lo que no participaron de consenso alguno sobre la limitación del derecho de huelga que intentan implementar, que básicamente apunta a nuestro sector y a los docentes".

Yabkowski dijo que "una ley provincial no puede pasar por encima de la Constitución nacional" y recordó que "durante los paros de Cicop, las guardias y las prestaciones de urgencia siempre fueron mantenidas y esto fue reconocido públicamente por los pacientes".

El profesional señaló que "hay una política provincial de coartar la libertad sindical" y agregó que "ya hubo medidas de persecución de este tipo contra el derecho a huelga, como cuando descontaron los días no trabajados en las anteriores medidas de fuerza".

La Cicop mantiene con el gobierno provincial un conflicto sobre la libertad sindical que lleva casi dos años e incluye denuncias en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).