Ahora analizan posibles "retoques" sobre los superpoderes de Rentas

La polémica generada por los "superpoderes" otorgados a la dirección provincial de Rentas abrió en las últimas horas un debate en el seno del propio gobierno bonaerense, donde ahora se analiza la posibilidad de realizar algunos "retoques" a la ley que concedió facultades especiales al organismo recaudador bonaerense para disponer, entre otras medidas, el secuestro de autos y el embargo de cuentas bancarias y cajas de seguridad sin previa intervención judicial. Esa alternativa será estudiada a partir de hoy, durante una reunión que el subsecretario de Ingresos Públicos Santiago Montoya mantendrá a la mañana con los senadores del oficialista Frente para la Victoria. El funcionario presentará un informe de los operativos realizados desde que están en vigencia los "superpoderes" y evaluará con los legisladores eventuales cambios a la ley. Si bien las posibles modificaciones son mantenidas en estricta reserva, fuentes calificadas anticiparon a EL DIA que, en caso de concretarse, apuntarían a "acercar posiciones" con los jueces, para evitar enfrentamientos como los que se produjeron la semana pasada con el secuestro de autos a morosos de impuestos. En rigor, "la necesidad de mejorar la relación" con la Justicia -y no sólo por las distancias en la interpretación de la ley sino también por las críticas durísimas expresada por algunos funcionarios contra los jueces- fue planteada por ministros que consideran que "no es conveniente mantener el nivel de esa confrontación", aunque actualmente la opinión pública esté mayoritariamente en favor de los procedimientos realizados por Rentas. Esos funcionarios sostienen que se debe alcanzar "un pacto de convivencia" con el Poder Judicial, por medio del cual el Gobierno se comprometería a moderar la utilización de algunas facultades especiales que la ley concedió al organismo recaudador. Esta medida apuntaría, básicamente, a contener las críticas de los jueces que consideran que los "superpoderes" avanzan sobre atribuciones que son de exclusiva competencia de los magistrados. Así, una de las variantes que se estudia es "cambiar la estrategia" de secuestro de autos. Concretamente, la idea es que una vez que el vehículo sea incautado, se dé inmediata intervención a la Justicia. De ese modo, se adelantarían considerablemente los plazos previstos por la ley, ya que la norma establece que luego del secuestro Rentas tiene hasta 60 días para "judicializar" el caso. Esta medida sería un "gesto" hacia la Justicia, luego de las duras críticas que Montoya realizó la semana pasada, cuando dijo que "algunos magistrados de la Provincia están para el psiquiátrico" y que "algunos jueces prefieren cagarse en los que cumplen con sus obligaciones impositivas". El titular de Rentas hizo esas declaraciones en una conferencia de prensa que brindó en la Gobernación tras conocerse la decisión de la jueza de La Plata Ana Logar de ordenar que la Provincia le devolviera a su propietario la camioneta 4X4 que había sido secuestrada por deuda de patentes. Menos duro que Montoya, pero igual de crítico, Solá respaldó a su funcionario y ayer insistió en que "hay jueces que piensan que es más grave secuestrar un auto que tener un auto caro y no pagarle al Estado para solucionar problemas de seguridad, salud, justicia, pobreza y educación". De todas maneras, en el Gobierno cobra cada vez más fuerza la opinión de los funcionarios que creen que "hay que avanzar con mucho cuidado, caso por caso, y no hay que chocar con la Justicia". Los ministros que encabezan esta corriente conciliadora sostienen que si se mantiene el nivel de confrontación con la Justicia, se corre el riesgo de que la Corte, o incluso una instancia inferior, haga lugar a algunos de los planteos realizados sobre la "cuestión de fondo" de la ley, esto es su presunta inconstitucionalidad. Si esto ocurriera, Rentas se quedaría sin una herramienta fundamental para recaudar. Por eso, en el gabinete bonaerense afirman que "hay que seguir a paso firme con la aplicación de la ley, pero sin descuidar la relación con la Justicia". Los detalles de la estrategia de "seducción" comenzarán a definirse hoy, durante la mencionada reunión de la que participarán, entre otros, Montoya, los ministros de Economía, Gerardo Otero, y de Justicia, Eduardo Di Rocco, y funcionarios de Fiscalía de Estado.