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Advierten sobre el déficit previsional

Si el Estado aplicara la movilidad sobre las jubilaciones, como lo hace la Justicia, y todas las personas sin cobertura accederán vía la moratoria a un haber mínimo, el gasto previsional aumentaría 9.400 millones de pesos, un monto equivalente al superávit fiscal del año pasado. La estimación fue realizada hoy por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) en su informe económico semanal. La entidad indicó que el superávit fiscal (neto del pago de intereses a la deuda pública) fue en 2005 de 9.418 millones de pesos. Al respecto, agregó que "si el Estado aplicara la movilidad sobre las jubilaciones, como ha empezado a hacer la Justicia, el gasto previsional aumentaría en 5.200 millones de pesos anuales". Además, indicó que si quienes no tienen cobertura accedieran gracias a la moratoria a una jubilación mínima, el gasto previsional aumentaría otros 4.200 millones de pesos al año. "La nueva moratoria previsional constituye un mecanismo rudimentario destinado a atacar el grave y complejo problemas de la caída en la cobertura previsional. La gente más necesitada seguramente quedará excluida porque los trámites son muy complejos", sostuvo IDESA. En su informe, la entidad consideró que "las erogaciones adicionales para el Estado serán muy elevadas al punto que, sumadas a los gastos ocultos que se generan por no respetar la movilidad de los haberes, convierte al actual superávit fiscal en una ficción contable". "Uno de los principales problemas que sufre la Argentina es la caída de la cobertura previsional producto de que hay muchas personas con aportes insuficientes o ningún aporte a la seguridad social", afirmó. Señaló que "tal como está diseñado el mecanismo, toda mujer o varón mayor de 60 y 65 años sin cobertura podrá solicitar una jubilación" y agregó que "esto implica que hay aproximadamente 1,3 millones de personas en esta situación". Consideró que "desde el punto de vista social, el mecanismo es inequitativo, primero porque resulta de muy difícil acceso para las personas más vulnerables y segundo porque significa un maltrato para la gente que pagó puntualmente". "Lamentablemente, en lugar de corregir los problemas estructurales del sistema, el mecanismo agrega una nueva promesa de difícil cumplimiento, como ya ocurre con la movilidad de los haberes", remarcó IDESA.

24 de Abril de 2006 | 00:00
Si el Estado aplicara la movilidad sobre las jubilaciones, como lo hace la Justicia, y todas las personas sin cobertura accederán vía la moratoria a un haber mínimo, el gasto previsional aumentaría 9.400 millones de pesos, un monto equivalente al superávit fiscal del año pasado.

La estimación fue realizada hoy por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) en su informe económico semanal.

La entidad indicó que el superávit fiscal (neto del pago de intereses a la deuda pública) fue en 2005 de 9.418 millones de pesos.

Al respecto, agregó que "si el Estado aplicara la movilidad sobre las jubilaciones, como ha empezado a hacer la Justicia, el gasto previsional aumentaría en 5.200 millones de pesos anuales".

Además, indicó que si quienes no tienen cobertura accedieran gracias a la moratoria a una jubilación mínima, el gasto previsional aumentaría otros 4.200 millones de pesos al año.

"La nueva moratoria previsional constituye un mecanismo rudimentario destinado a atacar el grave y complejo problemas de la caída en la cobertura previsional. La gente más necesitada seguramente quedará excluida porque los trámites son muy complejos", sostuvo IDESA.

En su informe, la entidad consideró que "las erogaciones adicionales para el Estado serán muy elevadas al punto que, sumadas a los gastos ocultos que se generan por no respetar la movilidad de los haberes, convierte al actual superávit fiscal en una ficción contable".

"Uno de los principales problemas que sufre la Argentina es la caída de la cobertura previsional producto de que hay muchas personas con aportes insuficientes o ningún aporte a la seguridad social", afirmó.

Señaló que "tal como está diseñado el mecanismo, toda mujer o varón mayor de 60 y 65 años sin cobertura podrá solicitar una jubilación" y agregó que "esto implica que hay aproximadamente 1,3 millones de personas en esta situación".

Consideró que "desde el punto de vista social, el mecanismo es inequitativo, primero porque resulta de muy difícil acceso para las personas más vulnerables y segundo porque significa un maltrato para la gente que pagó puntualmente".

"Lamentablemente, en lugar de corregir los problemas estructurales del sistema, el mecanismo agrega una nueva promesa de difícil cumplimiento, como ya ocurre con la movilidad de los haberes", remarcó IDESA.

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