El robo de 42 armas en el edificio de los Tribunales penales platenses, ubicados en 8 entre 56 y 57, continúa siendo investigado por el fiscal Alejandro Villordo, quien mañana le tomará declaración testimonial al jefe de la guardia del lugar para que brinde precisiones acerca de qué es lo que puede haber ocurrido el miércoles último por la noche, cuando las mismas fueron sustraídas de un armario ubicado en el primer piso.

"La investigación -indicó anoche una fuente judicial- por el momento avanza sin descartar ninguna hipótesis, pero hay que ver cómo sigue todo y qué dicen los que declaren".

Igualmente, una vez conocido el hecho surgieron dos hipótesis que aparecen como las primeras a ser profundizadas. En primer lugar que el robo haya tenido una finalidad mercantil, es decir devolver esas armas al mercado del hampa a cambio de dinero; aunque en segundo término el hecho podría tener como derivación la posibilidad de borrar pruebas en futuros juicios orales, en los que un arma de fuego puede condenar o dejar en libertad a una persona.

Pero mientras pasan las horas, lo único que suma el hecho es interrogantes, que la Justicia intentará develar lo antes posible. En ese sentido los funcionarios judiciales se preguntan ¿cómo fueron sacadas las armas de los tribunales? y ¿en qué se las llevaron? Pero fundamentalmente lo que queda por determinar es quién es el responsable de lo que muchos consideran un escándalo.

Fuentes calificadas anticiparon que "además de citar a todo el personal de seguridad necesario, los de limpieza también deberán dar explicaciones, y así todos los que tienen acceso al lugar o el menos al edificio en cuestión.

Voceros judiciales que tienen acceso al edificio en horas en las que el mismo se mantiene cerrado al público, comentaron que "no sé cómo puede ocurrir esto porque al llegar hay que tocar timbre, y la guardia es la que abre y cierra la puerta".

La cantidad de armas de fuego robadas y la selección que hicieron de las mismas quienes se la llevaron, dejan en claro que todo estaba planeado. Es por eso que los investigadores creen que la tarea más difícil será hallar los elementos sustraídos, aunque no pierden las esperanzas en cuanto a lo que en el futuro podría ser encontrar a los responsables.

Pero lo cierto es que por ahora el arsenal robado no aparece, y el misterio se apoderó de un hecho que se produjo en un lugar que debería, como se ha exigido de parte de numerosos funcionarios judiciales, estar preparado para resguardar este tipo de elementos probatorios que siempre son clave en las audiencias.

Como se dijo, el fiscal Alejandro Villordo el mañana a primera hora tendrá enfrente al jefe de guardia del edificio de tribunales, pero voceros judiciales adelantaron que luego pasarán por su despacho todos aquellos que hayan estado custodiando el miércoles por la noche las oficinas en cuestión, que son las del Tribunal Oral Criminal I de nuestra ciudad.

Como se recordará, en la edición de ayer se dio cuenta de un hecho en el que faltaron 42 armas de fuego de grueso calibre y dinero, que estaban en poder de un Tribunal Oral en lo Criminal de nuestra ciudad y servían como elementos de prueba de diversas causas que allí se tramitan.

Al parecer el episodio tuvo lugar el miércoles por la noche aunque se dio a conocer el viernes, cuando voceros judiciales precisaron que el faltante fue denunciado ante la fiscalía de autores ignorados, a cargo del doctor Alejandro Villordo, con intervención del juez de Garantías de turno Néstor de Aspro.

También se afirmó que las armas fueron sustraídas de un armario del Tribunal Oral en lo Criminal I, que está a cargo de los jueces Guillermo Labombarda, Patricia de la Serna y Samuel Saraví Paz.

El robo contó con algunas características particulares, como que los ladrones seleccionaron las armas con más poder de fuego, ya que en el armario en el que se encontraban había cerca de 100, y sólo se llevaron 42.

Además trascendió que a ese mueble, que se encuentra en el primer piso de tribunales, tienen acceso muy pocas personas.

Durante una inspección de los efectos, funcionarios judiciales detectaron el faltante de las 42 armas y unos 1.000 pesos.