Piratería musical: también hay platenses sospechados

Al menos dos platenses habrían sido alcanzados por la fuerte ofensiva desatada por la industria musical contra la piratería de música en Internet, que derivó en las últimas horas en la aplicación de multas de hasta 15.000 pesos a siete padres de jóvenes de entre 15 y 25 años. Y que tiene ahora en la mira a otros 200 usuarios de la red sospechados de subir música a la red y ofrecerla para su descarga gratuita, entre ellos otros platenses, según indicaron ayer a EL DIA autoridades de CAPIF, la cámara que nuclea a los principales sellos discográficos argentinos y que está al frente de la campaña.

La ofensiva va dirigida por el momento a los "uploaders", nombre con el que se conoce a quienes tienen grandes cantidades de archivos musicales en sus computadoras (entre 1.000 y 5.000), y que sin tener autorización para hacerlo, ya que se trata de obras legalmente protegidas, ofrecen esa música a través de Internet para que otros usuarios las bajen gratuitamente a través del uso de plataformas peer to peer (p2p) para intercambiar canciones.

Según explicó Gabriel Salcedo, director ejecutivo de CAPIF, la campaña fue iniciada por la entidad en octubre del año pasado a partir de una serie de advertencias difundidas en el circuito de los usuarios de las plataformas peer-to-peer (mayoritariamente jóvenes de menos de 24 años y de clase media y media alta), después de comprobar que el intercambio de música protegida a través de estos sistemas se había duplicado en el último año.

Un estudio de mercado realizado por la consultora Cuore Consumer Research, a pedido de CAPIF, reveló que los argentinos descargan de Internet 412 millones de canciones por año, lo que es equivalente a 31 millones de discos, mientras en el país se venden legalmente sólo 14 millones de álbumes por año.

Según el mismo trabajo, "7 de cada 10 personas son conscientes de que la piratería de música daña a creadores y artistas, y 4 de cada 10 "downloaders" (los que bajan música) son conscientes de que el intercambio de archivos de música no autorizado es ilegal".

La fuente de CAPIF explicó que la campaña tiene un objetivo antes que nada cultural. "Queremos que la gente comprenda que la actividad de intercambiar archivos musicales sin autorización no sólo es ilegal, sino que además daña de forma permanente todo el proceso creativo. Si los autores, compositores, intérpretes, productores y toda la gente que tiene puestos de trabajo vinculados a la industria de la música no reciben una remuneración por su actividad, no podrán continuar haciendo lo que hacen", explican.

LA FORMA DE DETECCION

Según explicó Salcedo, la primera parte de la campaña llevó a la detección de 20 casos de usuarios que habían almacenado y subido a la red para su descarga gratuita entre 1.000 y 5.000 archivos musicales.

De esos 20 usuarios -mayoritariamente jóvenes de entre 15 y 24 años, por lo cual muchas de las sanciones recayeron sobre los padres, titulares del servicio- "en siete casos, los demandados reconocieron la infracción, con lo cual el tema se resolvió en instancias de mediación judicial, con multas que llegaron a los 15.000 pesos y el compromiso de sacar los archivos de las plataformas. En los otros casos no se reconoció la infracción y el tema está en manos de la Justicia".

Salcedo dijo que para detectar a los infractores, se navegó durante meses por Internet en los mismos sitios que frecuentan quienes comparten archivos musicales.

Detectar a los "uplowders" fue fácil, porque ellos abren sus computadoras a los otros usuarios, permitiendo así que cualquiera descargue los archivos almacenados.

Una vez detectados, se tomó el número de IP de las computadoras desde donde actuaban, y con ellos se acudió ante la Justicia, que libró oficios para que los servidores revelen la identidad de los titulares de las conexiones.

En la mayoría de los casos se descubrió que los titulares de esas conexiones eran los padres de los infractores, que en los casos en que se llegó a un acuerdo, se comprometieron al pago de fuertes multas, que llegaron a los 15.000 pesos.

"La reacción general fue de asombro", dice Salcedo, porque si bien CAPIF había advertido meses antes que disponer de archivos protegidos por la ley de propiedad intelectual estaba prohibido, nadie creyó que se iba llegar hasta esta instancia", explicó.

Ahora, la entidad que nuclea a los grandes sellos discográficos prepara una segunda parte de su ofensiva, con el seguimiento de otros 200 uplowders que colocan obras ajenas para su descarga gratuita un Internet, entre ellos, algunos usuarios platenses, según informó la propia entidad.