La reforma penal bonaerense impulsada por el gobierno de Felipe Solá será debatida en una "mesa de trabajo" convocada para mañana por el bloque de senadores del PJ, a la que fueron invitados a participar, entre otros, legisladores, funcionarios provinciales, representantes de la Justicia, abogados y especialistas en la materia.
La iniciativa de reforma penal aún no fue tratada por el Senado, donde la oposición plantea que la ley ‘debe ser discutida antes con los actores del sistema’
Como este diario viene informando, el proyecto tiene como aspecto central y polémico la eliminación del Tribunal de Casación, pero además divide a los Tribunales Criminales en juzgados unipersonales, con el objetivo de triplicar la capacidad de audiencias en juicios.
También establece que las resoluciones de los jueces de primera instancia podrán ser apeladas ante las Cámaras Penales de cada departamento judicial y no ante la Casación, como ocurre en la actualidad.
Estas, y otras modificaciones incluidas en el proyecto, fueron aprobadas en diciembre del año pasado por la Cámara de Diputados, pero la iniciativa aún no fue tratada por el Senado, ya que los legisladores de la oposición se niegan a sancionar la ley sin que el texto haya sido discutido con los actores del sistema.
Los senadores peronistas y radicales cuestionan, además, que se haya eliminado en Diputados uno de los artículos del proyecto original del Ejecutivo, que era el que establecía una suerte de Casación "residual". Concretamente, y por dos años, ese tribunal debería terminar con las causas pendientes.
Los legisladores opositores sostienen que todos esos recursos irán entonces a parar a las Cámaras, lo que terminaría "haciendo más lento" el trámite judicial.
Por otra parte, la reforma propuesta por el gobierno bonaerense fue cuestionada en la Justicia por uno de los miembros de la Casación, Horacio Piombo, quien realizó un planteo de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. No obstante, el alto tribunal rechazó la presentación por considerar que un proyecto -la iniciativa todavía no es ley-, no genera ningún efecto jurídico.
MESA DE TRABAJOCon la firma de los 15 senadores que integran el bloque, el PJ había presentado en febrero un proyecto para pedir la creación de una comisión bicameral que debería encargarse de analizar las modificaciones y, en un plazo de 60 días, tendría que emitir un dictamen.
La iniciativa del peronismo contó con el aval de los 8 senadores de la UCR y del oficialista Aldo San Pedro, pero el proyecto no pasó más allá de un expediente depositado en mesa de entradas. Por lo tanto, la bicameral -a la que se preveía convocar a los actores directos e indirectos de la reforma penal- finalmente no se creó, a pesar de que hace algunos días el gobernador Solá se mostró a favor de que los cambios propuestos fueran discutidos en ese ámbito.
Trabada la creación de la comisión bicameral, el bloque del PJ decidió ahora avanzar con la convocatoria a una "mesa de trabajo", que se reunirá mañana a las 15 horas en el Senado. A la misma fueron invitados a participar legisladores, funcionarios del ministerio de Justicia bonaerense, integrantes de distintos ámbitos de la Justicia y representantes de los colegios de Magistrados y de Abogados de la Provincia, entre otros.
Bajo la consigna "El proceso penal en la provincia de Buenos Aires, celeridad y garantías", la mesa de trabajo convocada por el jefe de la bancada Federico Scarabino se dividirá en comisiones a fin de recibir las inquietudes y opiniones de los asistentes.
La jornada será abierta por Scarabino y la vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Mónica Litza y luego se dará paso al debate.
CRITICAS AL PROYECTOLa mesa de trabajo se enmarca en el reclamo realizado en febrero por los colegios de Magistrados y de Abogados de la Provincia, quienes pidieron a los legisladores la apertura de una instancia de análisis y debate con los operadores del sistema judicial antes de que sea aprobado el proyecto impulsado por el gobierno bonaerense.
Los jueces y abogados consideraron que la iniciativa "profundizará la lentitud de la justicia y generará mayor inseguridad jurídica" y señalaron que el sistema procesal penal vigente "en los nueve años transcurridos desde su implementación, ha sido objeto de 11 modificaciones, transformando en un péndulo lo que debió ser un punto fijo".
Además, señalaron que "el sistema ya no admite más reformas de apuro y sin consenso" y afirmaron que los jueces y abogados son "los mayores conocedores del sistema" y, como tal, reclaman "abrir el debate y producir una reforma profunda, consensuada, que agilice los juicios sin ir en desmedro del debido proceso".
La mesa de trabajo que se reunirá mañana tiene por objetivo escuchar estas y otras voces -a favor y en contra del proyecto_, para luego sacar conclusiones que permitan avanzar con la aprobación de una ley que agilice los procesos judiciales.
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