Mejoró pero aún es crítica la situación de los presos

Los presos alojados en comisarías y cárceles bonaerenses "continúan padeciendo condiciones infrahumanas de detención y son víctimas de la demora judicial para la resolución de sus causas", según denunció ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) ante la Suprema Corte de Justicia provincial.

El organismo de Derechos Humanos reconoció, de todas maneras, que el gobierno bonaerense logró reducir la superpoblación carcelaria, pero reclamó que "se refuercen controles para el cumplimiento de los requisitos mínimos de condiciones de detención" fijados internacionalmente.

El Cels efectuó este diagnóstico en una audiencia pública sin precedentes realizada en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en la que se analizó el cumplimiento del fallo de la Corte nacional que intimó al gobierno provincial a revertir "las condiciones inhumanas de detención de las personas privadas de su libertad en cárceles y comisarías".

En mayo de 2005, la Corte hizo lugar a un recurso del Cels en favor de 30 mil detenidos en cárceles y comisarías, y dispuso que el máximo tribunal provincial "haga cesar todo agravamiento de de la detención que suponga un trato cruel, inhumano o degradante".

En la audiencia realizada ayer, el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, aseguró que "se habla de efectos y no de causas" y planteó en ese sentido que "no se habla que el problema institucional analizado deriva de la mora judicial". Agregó que "esta mora, este retroceso judicial, es lo que hace que se siga utilizando la prisión preventiva como un medio correctivo social".

A modo de ejemplo, dijo que "de febrero a septiembre de 2006, los 68 tribunales orales realizaron un total mensual de 0,8 audiencias por semana, es decir menos de una audiencia por semana en conjunto".

PEDIDO A LOS FISCALES

En tanto, la procuradora general de la Corte, María del Carmen Falbo, resaltó "la importante actividad de la defensa oficial tendiente a lograr excarcelaciones u otras medidas alternativas a la coerción padecidas por sus asistidos" y puntualizó que instó a los fiscales "a que no abusen en los requerimientos de dictados de prisión preventiva".

Antes de comenzar las exposiciones de representantes de la Comisión Provincial por la Memoria y del gobierno bonaerense, se proyectó un video que reflejaba condiciones de hacinamiento, falta de higiene, falta de aire y luz natural y de desatención de enfermedades que padecen las personas detenidas.

El abogado del Cels Rodrigo Borda expresó que "se reconocen avances", entre los que mencionó "una sensible disminución de la población carcelaria, del 12%, y una descompresión del 50% de la superpoblación de las comisarías". Sostuvo que "es un logro innegable, pero la situación dista de ser compatible con los estándares legales reclamados por la Corte nacional en mayo de 2005 y por los requisitos mínimos dispuestos por Naciones Unidas".

"Ha mejorado el uso de la prisión preventiva. Mientras en 2001 había un 87% de presos sin condena, hoy tenemos un 73% de presos sin condena. Es loable, pero es un porcentaje que revela el uso excesivo de la prisión preventiva", reveló.

Además, informó que "a septiembre de 2007 hay 25 mujeres embarazadas que esperan un juicio y en los últimos años ha crecido la cantidad de niños alojados con sus madres y hasta se ha llegado a anunciar la construcción de una 'beboteca' en las cárceles".

La entidad denunció además que los jueces tampoco aplican "medidas alternativas a la privación de la libertad" y agregó que "falta uniformidad en la actuación de la defensa pública", ya que algunos defensores son "proactivos" al controlar garantías procesales de defendidos y otros no tanto.

Por su parte, el ministro de Justicia bonaerense destacó "la extraordinaria relevancia de esta audiencia pública, ya que se busca consolidar la tendencia hacia el equilibrio, la racionalidad y humanización del sistema penal en su conjunto y el régimen de privación de libertad en particular".

Di Rocco sostuvo que "es sustancial señalar que gran parte de los problemas que el sistema tiene hoy, provienen de la mora judicial" y agregó que "hay una excesiva mora en resolver los procesos, en particular en las máximas instancias de revisión de las sentencias, como el Tribunal de Casación".