Dura polémica por castigos a los piquetes en capital

El distrito porteño se vio envuelto en una nueva polémica, esta vez con la situación de los piquetes, luego de que el fiscal general Germán Garavano confirmara que se castigará a los líderes de las organizaciones gremiales o sociales que encabecen manifestaciones en la capital sin previo aviso a la comuna.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, respaldó el anuncio de la Fiscalía General. En ese sentido, consideró que "está muy bien que se aplique el Código de Convivencia, que marca que hay que pedir autorización" para hacer protestas y movilizaciones, y afirmó que esa "es la mejor manera de respetar los derechos de los vecinos".

"El fiscal está tratando de que se respete la ley, porque no puede ser que grupos minoritarios, aun con reclamos justos, impidan de manera sistemática la circulación por las calles de otra gente que tiene que ir a trabajar, al hospital o a encontrarse con su familia", juzgó el mandatario.

En ese sentido, la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, aclaró: "Para nosotros, el derecho a la manifestación y a la protesta es absolutamente respetable, pero sólo decimos que debe ser ejercido con responsabilidad y respetando otro derecho que también tienen los ciudadanos y que es el derecho a libre circulación por la vía pública".

LA POSTURA DE NACION

Mientras tanto, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, "celebró" el cambio de políticas judiciales en torno a los cortes de calles, aunque aclaró que el Gobierno nacional "ya aplicaba medidas" al respecto.

Además, afirmó que no "comparte ni avala" las protestas con bloqueos de calles, pero remarcó que la administración central sigue firme en su política de "no reprimir".

Fernández cuestionó la actuación de la Fiscalía General porteña respecto de los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que anteriormente "la instrucción cuando se producía un caso de este tipo era que no se adoptara temperamento, o sea, que no se desarrollaran medidas".

Aclaró además que el Estado "desarrolla un trabajo diario" en torno al tema, aunque -lamentó- "parece que las acciones del Gobierno no se valoran".

En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, afirmó que "festeja y celebra" la política judicial con respecto a las protestas, pero enfatizó que "lo que parece ser el cambio, no es otra cosa que tratar de darle contenido a la tarea que la Policía Federal viene desarrollando desde hace unos años".

El ministro recordó que en 2007 la Policía Federal denunció 1.204 cortes de calles sobre los cuales la Fiscalía General ordenó "no adoptar temperamento".

DESAFIO PIQUETERO

La primera voz que se alzó contra la medida fue la del líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, quien desafió al Gobierno porteño al asegurar que no dará aviso antes de manifestarse en la capital federal.

"Este viernes vamos a hacer una manifestación a Plaza de Mayo, no voy a pedir permiso, es un derecho constitucional", aseguró en declaraciones radiales.

A las críticas se sumó el dirigente del Partido Obrero Marcelo Ramal, quien sostuvo que la obligación de informar antes de realizar una manifestación "es una medida que viola garantías constitucionales".

En la misma línea, Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), aseguró que "jamás" su agrupación va "a pedir permiso" para manifestarse.