Recursos violentos

Finalmente, la maniobra que la gestión municipal alakista de entonces inició en noviembre pasado para asegurarles puestos a unos 1.700 contratados -lo que hubiera significado, obviamente, aumentar en semejante número la cantidad de empleados estables de la Comuna-, y tras sucesivas frustraciones del intento, derivó en estas horas en la utilización del recurso de la violencia.

Las protestas por los despidos que viene disponiendo la nueva administración, de "empleados que no son tales, porque no tenían tareas reales asignadas", en la definición del propio intendente Pablo Bruera, y que, por separado, iniciaron el viernes reducidos grupos de contratados apoyados por dirigentes de ATE, por un lado, y miembros de una cooperativa de trabajo contratada por la Comuna para tareas en las delegaciones, por otro, terminaron confluyendo por unos minutos para desatar un duro ataque a piedrazos contra el Palacio Municipal.

CUESTION DE REPRESENTATIVIDAD

El grupo de contratados despedidos que se instaló sobre el ingreso de calle 11 a la Intendencia, retomó el viernes, en rigor, intentos de movidas públicas que ya había ensayado en diciembre sin éxito. Resultó sintomático entonces que, frente a los 900 contratos que la gestión bruerista había dado de baja entonces, sólo se reuniera un escaso centenar -incluidos reconocidos punteros y dirigentes del alakismo que desarrollaban una clara función de "activistas" del conflicto- para llevar adelante protestas callejeras que, así, no pudieron prosperar.

También resultó entonces llamativo que ese grupo obtuviera el respaldo sindical sólo de ATE, justamente el gremio que no tiene prácticamente afiliados en la Comuna platense, y cuyos dirigentes, al intentar ponerse al frente de esa movida, no se ruborizaron al instalar, en plena calle y plena protesta, una mesita para hacer "in situ" el trámite de afiliación de los manifestantes.

El gremio al que está afiliada la gran mayoría del personal de la Comuna -el Sindicato de Municipales de La Plata-, y que, salvo excepciones, sabe "quién trabaja y quién no", no se desentendió del tema. Pero optó por la vía de evaluar caso por caso junto con las autoridades, para plantear la reincorporación en los casos en que se hubieran cometido errores y las bajas no se correspondieran con "ñoquis".

POCOS MANIFESTANTES, MUCHAS PIEDRAS

Y al retomar el viernes último la protesta callejera, los dirigentes de ATE reunieron a una treintena de contratados dados de baja; una cantidad nuevamente sintomática, sobre todo si se tiene en cuenta que a los 900 despidos de diciembre se habían sumado el jueves otras 550 cesantías.

Ese reducido grupo formó parte de los incidentes desatados en el mediodía del viernes, cuando llovieron piedras sobre el Palacio Municipal, provocando destrozos y dos heridos leves.

FRUSTRADAS DESIGNACIONES DE PREPO

Hasta la apelación a la metodología violenta, el asunto había recorrido un largo camino, que inició el entonces intendente Julio Alak, cuando pocos días después de su derrota electoral -había buscado en esos comicios, como se recordará, su quinto mandato consecutivo- pretendió incorporar a la planta permanente del Municipio (que ya tiene más de 4 mil empleados) a nada menos que 1.700 contratados, cuya vinculación legal con la Comuna vencía el 31 de diciembre.

Como esos nombramientos deben ser efectuados mediante una ordenanza, Alak envió al Concejo Deliberante el proyecto respectivo. Pero se encontró entonces con que tanto el sector que iba a ser oficialismo en pocos días más -el bruerismo- como la oposición de entonces y futura, el ARI-Coalición Cívica, se negaron a aprobar semejante movida. La razonable sospecha de que ese multitudinario listado estaba poblado de "ñoquis", llevó a ambas fuerzas a no votar a libro cerrado esas designaciones, y a entender que debía analizarse primero caso por caso.

DOBLANDO LA APUESTA PERDIDA

Ante el fracaso de aquella primera maniobra, el alakismo pergeñó entonces otra. Y horas antes de su salida del gobierno de la Ciudad, dio de baja al 30 de noviembre aquella multitud de contratos, cuyos vencimientos estaban establecidos al 31 de diciembre, para rehacerlos en el mismo momento por cuatro meses, esto es, hasta el 31 de marzo próximo.

La intención de complicar la situación era obvia: mantener formalmente vinculadas al Municipio a esas 1.700 personas, cuya relación contractual, de lo contrario, se hubiera caído naturalmente 20 días después de la asunción del nuevo gobierno.

Pero además, el alakismo intentó doblar la apuesta: ya no fueron 1.700 los contratos "estirados" hasta abril, sino 2.500.

CASO POR CASO Y DESPIDOS

La nueva administración, sin embargo, ya había comenzado a evaluar todos los contratos laborales y poco después de asumir dio de baja a unos 900, aunque asumiendo el compromiso de realizar un nuevo y minucioso análisis de caso por caso ante los reclamos de algunos de los alcanzados por la medida.

De ese trabajo, que se prolongó por un mes y que incluyó la revisión de los despidos y de los contratos que seguían bajo la lupa surgieron las decisiones de la semana que pasó: la rehabilitación de unos 200 empleados y la baja de otros 550 contratados.

Según explicaron en fuentes del Municipio, los contratos dados de baja ahora no habían sido incluidos en la primera tanda porque estaban pendientes las respuestas a los informes pedidos a cada jefe de área. Una vez que se detectó cuál era "el personal que no trabajaba o que no prestaba servicios de acuerdo a lo que estipulaba el contrato, se resolvió poner fin a la relación laboral", se indicó.

En cuanto a la decisión de reincorporar a unos 200 contratados que habían sido cesanteados en la primera tanda, se informó que la medida fue adoptada luego de "revisar caso por caso" y comprobar que muchos eran inspectores o personal que tenía asignada tareas por las que no firmaban una planilla de control de ausentismo.

Por eso, una vez que se certificó que a pesar de que no constaba en las planillas cumplían con las funciones para las que habían sido contratados, el Municipio resolvió reincorporarlos. En cambio, no habría marcha atrás con el resto de los cesanteados.

EL CASO DE LA COOPERATIVA

Matices diferentes, aunque esencialmente el problema es el mismo -contratos de gente que en realidad no trabajaría-, presenta la protesta abierta por integrantes de la cooperativa de trabajo Las Diagonales, un grupo de los cuales también participó de los violentos incidentes del viernes.

Esa cooperativa fue contratada por la gestión anterior para realizar tareas de zanjeo, limpieza de espacios públicos y mantenimiento en general en todas las delegaciones municipales. En aquel compromiso se estableció que la entidad iba a tener 600 integrantes-trabajadores e iba a percibir casi 400 mil pesos mensuales. Y efectivamente, la cooperativa desarrolla tareas en los barrios, pero el asunto es que, según surgió de un censo de su labor que realizaron las autoridades, son unos 250 asociados a la cooperativa los que efectivamente trabajan, sobre el total de 600 mencionados.

Esa realidad, sumada al hecho de que, según el contrato, la cooperativa debería hacerse cargo de su equipamiento (ropa y calzado de trabajo, algunas maquinarias menores, etc.) pero no lo hizo, llevó al actual gobierno municipal a rescindir el viejo vínculo con la entidad para restablecer la relación sobre nuevas pautas, ajustadas a la cantidad de trabajadores que efectivamente ocupa.

En el medio de esa negociación fue que un grupo de esta cooperativa inició una protesta el viernes, con una quema de gomas y corte del tránsito, que derivó en los incidentes violentos.

En la Comuna, en tanto, sostienen que "por esa vía, ninguna negociación será posible".